La Defensoría del Pueblo señala que fueron 60 los peruanos que perdieron la vida en el marco de la crisis política.

SOBRE MUERTES DURANTE PROTESTAS

El informe final presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis política que atraviesa el Perú provocó un acalorado debate a partir de las conclusiones y recomendaciones hechas al Estado peruano.

Entre quienes se mostraron en contra del resultado, volvió a surgir la recomendación de iniciar un retiro de la institución. Sin embargo, esto no está dentro de los planes del gobierno, según Gustavo Adrianzén.

El representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo en conversación con RPP Noticias que el Estado está en contra de que el informe utilice los términos “ejecuciones extrajudiciales” o “masacre” para referirse a las acciones de las fuerzas del orden ante los disturbios registrados en regiones como Puno y Ayacucho. A pesar de las discrepancias, se mantendrá el vínculo con la CIDH.

Durante las reuniones con los comisionados que entrevistaron a diversas figuras previo a la escritura del informe, representantes del Estado mostraron su rechazo al uso de los términos antes señalados. Por aquellos días se los usaba de manera categórica, según Adrianzén, pero en el texto final, se presentan en condiciones. Esto dado que por entonces no se habían producido las investigaciones al respecto desde el Ministerio Público.

“La CIDH se ha referido a estos sucesos como casos concretos; es decir, hechos aislados. Descarta que se trate de una política sistemática dirigida desde el Gobierno con nuestras Fuerzas Armadas”, sentenció.

”El Estado peruano es autónomo, pero somos parte del sistema interamericano de derechos humanos, vamos a permanecer en él”, recalcó Adrianzén frente a los diversos pedidos desde la clase política y sociedad civil para iniciar el proceso de la salida de la Comisión.

Políticos atacan

La publicación del informe final de la CIDH provocó rechazo en parte de la clase política, incluida la presidenta de la República, Dina Boluarte. “Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, dijo en una conferencia de prensa llevada a cabo en Palacio de Gobierno.

La mandataria negó que haya existido un discurso estigmatizante y pretendió sostener su declaración indicando que ha señalado “su respeto a la diversidad cultural, a nuestra historia, a nuestras costumbres. En este gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole. Siempre hemos llamado a la unidad, a la paz, al diálogo”. Una posición similar se vio desde la PCM.

El premier Alberto Otárola indicó que no le parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la CIDH diga en sus conclusiones que se ha registrado “graves episodios de usos excesivos de la fuerza con tan solo con algunas entrevistas y dos visitas al Perú”. Ante ello instó a que se refuerza el capítulo en que se detallan las agresiones cometidas contra los ciudadanos que salieron a marchar.

DATO

Durante su intervención, Otárola también refirió que el informe de la CIDH no es una “sentencia”, sino “estamos ante el reporte de un informe técnico temático que mantiene una serie de recomendaciones, que son 36 en su totalidad y que alcanza a varios organismos del Estado”.

Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, el alcalde López Aliaga demostró ser una de las voces que pide la salida del Perú de la Comisión.