Por Erika Romero D.

La alta inseguridad antes y después del incendio en el socavón de la mina Yanaquihua, impiden y demora las averiguaciones para determinar quienes son los culpables. Especialista en seguridad industrial, Washington Cárdenas señala que puntales de madera debieron ser barnizados con material antifuego.

FISCAL GIOVANNI MATTOS ASEGURA INGRESARÁN A TÚNELES

La investigación fiscal sobre la muerte de los 27 mineros que fallecieron intoxicados en el socavón de la mina La Esperanza 1 en Yanaquihua contempla el ingreso del representante del Ministerio Público a los túneles, pero no puede entrar hasta que la Gerencia Regional de Energía y Minas corrobore que es seguro.

Se supo que cuando haya esa confirmación el fiscal Giovanni Mattos Palza verificará las condiciones de las galerías subterráneas en compañía de las autoridades de Sunafil, y del despacho regional de Energía y Minas.

Mientras tanto Mattos Palza ha requerido información documental a las instituciones mencionadas líneas arriba. Una vez que se tenga la documentación se empezará a citar a todos los involucrados, ese es el primer paso para individualizar cada una de las acciones y determinar el grado de responsabilidad de las personas inmersas en este caso. Es decir que su indagatoria no se limitará a recoger papeles, sino que hará una visita al lugar de los hechos.

INDAGATORIA

Trascendió que algunos de los puntales de madera con los que se soportaban los túneles del socavón estaban cubiertos con petróleo y al ocurrir el corto circuito que inició el fuego, los troncos se convirtieron en una suerte de antorchas que ardieron provocando un humo negro y espeso que además de quitar la visibilidad asfixió a los mineros.  

Consultado sobre este hecho, el especialista en seguridad industrial, Washington Cárdenas refirió que a los soportes de madera usados dentro de los socavones no se les debió aplicar petróleo sino echarles barniz antifuego.

El resultado de la investigación va a depender mucho del perito que debe ubicar uno de los soportes de madera que no terminaron de arder y si el análisis corrobora rastros de petróleo. Hay claramente una responsabilidad no solo administrativa sino penal.

“En estos casos los deudos deben no solo asesorarse legalmente sino tener un consultor técnico que pueda ayudarles a demostrar las fallas en seguridad y con ello evitar que los administradores de la mina reparen el daño ocasionado como mejor les parezca”, dijo Cárdenas.

Asimismo, indicó que la empresa minera a cargo de la explotación tiene que realizar evaluaciones médicas a sus trabajadores para garantizar su estado de salud, de esto se informa a Sunafil. Es decir que si Sunafil nunca registró un informe de Sermigold S.A.C, que estaba a cargo de la explotación del oro en la mina La Esperanza 1, ese ya era un indicio de que algo no estaba bien y correspondía realizar una fiscalización no solo administrativa sino inspectiva en la zona de labor. Esto último no se hizo, autoridades y pobladores de Yanaquihua han señalado que antes de este lamentable evento nunca fueron inspectores de la Sunafil ni de la Gerencia Regional de Energía y Minas.

Cárdenas también afirmó que una mina es un centro de trabajo catalogado de riesgo alto, no importa si es gran minería, mediana, pequeña o artesanal y si se trata de esta última a esa es a la que hay que fiscalizar más.

Señaló, el especialista en seguridad industrial que existe un documento denominado IPERC (Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos y Controles) y que sirve para controlar el peligro durante la ejecución de un trabajo y que ayuda a mantener a raya cualquier situación irregular que pudiera terminar en un accidente laboral.

«En una mina el IPERC debe ser diario si esto se hubiera hecho, le aseguro que no hubiera ocurrido el chispazo y no se estaría lamentando nada, aquí también hay responsabilidad del Estado representado por la Sunafil y la Gerencia de Energía y Minas que son los encargados de fiscalizar en cumplimiento de las normas», precisó Cárdenas.

De otro lado, Cárdenas sostuvo que si la empresa que tiene la concesión minera (Minera Yanaquihua S.A.C-MYSAC) permitió a otra la explotación (Sermigold S.A.C). La primera debió exigir todos los planes de seguridad que establece la norma y si no lo hizo la responsabilidad es compartida tanto para el que no hizo como para el que dejó de hacer.

DATO

El 28 de abril fue el Día de la Seguridad en el Trabajo, en aquella oportunidad Washington Cárdenas nos dijo que Perú tiene el mejor sistema de seguridad, pero en el papel porque nadie implementa los sistemas de seguridad y el Estado no cumple con su labor de fiscalización. El tiempo y los últimos hechos le dan la razón.