Por Orlando Cáceres V.

El jefe de la Odecma, Johnny Cáceres Valencia, indica que la denuncia realizada por una policía en contra de la juez de Paz, Rosario del Pilar Farfán, en el distrito de La Joya, habría sido malintencionada. Farfán ordenó un desalojo contra la efectivo policial. Asimismo, el letrado aseguró que las indagaciones del caso se harán hasta el próximo mes, según la norma establecida.

OCMA RECIBIÓ 260 QUEJAS ESTE AÑO

Tras investigar de manera preliminar el caso de la juez de Paz, Rosario del Pilar Farfán, el jefe de la Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura (Odecma) en Arequipa, Johnny Cáceres, indicó que la denuncia hacia ella podría haber sido con la finalidad de afectar su imagen. Según el magistrado, el dinero que Farfán recibió no provenía de una coima, sino que se trataría del pago por derecho a copias de un expedeinte.

Como se recuerda, Del Pilar Farfán fue denunciada por la agente del orden, Naldi Barrios Sánchez quien asegura le pidió una ‘coima’ de dos mil soles. Posteriormente, los efectivos realizaron las indagaciones del caso decomisando algunos documentos, entre los que estaba, precisamente la orden de desalojo que afectaba a Naldi Barrios contra la denunciante.

Sin embargo, en las primeras indagaciones se determinó que el monto solicitado era para costear las copias correspondientes a los informes de dicho caso. No obstante, Cáceres Valencia afirmó que las investigaciones continuarán durante los próximos 30 días.

Asimismo, el jefe de la Odecma ratificó a la jueza de paz en el cargo, asegurando que Del Pilar trabaja en el despacho desde enero del 2021; indicando que este es el único incidente relacionado a la jueza. 

De otro lado, Johnny Cáceres aseguró que este es el único caso de este tipo que se ha registrado en su jurisdicción en el presente año. Además, aseguró que durante la intervención policial se perdieron los documentos que disponían se ejecute el desalojo de Barrios Sánchez. De tal manera, se espera que continúen las investigaciones por parte de la Odecma.

Cuando un juez comete una inconducta, los jueces sustanciadores evalúan la posibilidad de imponer sanciones que pueden ser desde amonestaciones verbales, escritas o multas de 310 o 400 soles, que son consignadas en el legajo personal de cada servidor judicial.

Finalmente, Johnny Cáceres indicó que en lo que va del año se han registrado 260 quejas en contra de trabajadores judiciales, un pedido de destitución y una suspensión que aún no han concluido.

Sin embargo, las denuncias realizadas contra los letrados en cuestión no se dieron por actos de corrupción. Muy por el contrario, dichos colaboradores son investigados por las demoras en los servicios ofrecidos por el Poder Judicial.