Por Erika Romero D.

No sancionaron a servidor que provocó el embargo de más de un millón de soles por no apelar una resolución de sanción. Más bien Seal gastó S/ 31 770 en evitar el pago de la multa, pero no consiguieron nada.

NO ACLARAN LEGALIDAD DE COMPENSACIÓN

Cuatro fueron las indemnizaciones, que se sabe, pagó Seal a funcionarios de confianza. Dos de esos desembolsos se hicieron a profesionales que le trajeron problemas a la empresa de electricidad. Giancarlo Pérez Salinas no presentó a tiempo una apelación ante el Osinergmin que impuso una multa de más de un millón de soles y ocasionó el embargo temporal de una cuenta de Seal. Pérez fue premiado con una compensación de S/ 71 968.35.

Carlos Morales Araoz fue jefe de Recursos Humano en Seal y una mala asesoría suya ocasionó una llamada de atención para la empresa que se vio obligada a retroceder en la pretensión de contratar directamente a una abogada para el puesto de gerente de asesoría Legal. Morales le otorgaron 50 mil 274 soles.

Los otros dos beneficiados con ese pago extraordinario son Paúl Rodríguez Ochoa (S/ 123 714) y Natalie Bardales Guevara (S/ 2 341).

JUSTIFICACIÓN

Para justificar el pago de indemnizaciones a los funcionarios de confianza de Seal, el gerente de Asesoría Legal, Luis Ardiles Zeballos nos lee el artículo 38 del Decreto Legislativo N.º 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Para él la definición de despido arbitrario y retiro de confianza son lo mismo, pero Ardiles, que tiene la categoría de funcionario de confianza, no explica cómo así esos dos conceptos se parecen o bajo qué análisis dogmático jurídico llega a esa conclusión.

Entonces ensaya una primera respuesta, nos dice que la indemnización la dan para evitar que los funcionarios a los que el Directorio de Seal les ha retirado la confianza demanden a la empresa eléctrica.

En un juzgado, le dijimos, será un juez el que pondere si al demandante le asiste algún derecho para reclamar tal resarcimiento o si el monto solicitado es el que merece. Además, precisamos, en el VII Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, del 22 de mayo de 2018, ya se ha dejado en claro que los trabajadores que ingresaron directamente a un cargo de confianza o de dirección, no les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso su empleador les retire la confianza. 

En ese mismo documento se refiere que para el caso de los trabajadores de dirección o de confianza de entidades públicas, la designación establecida en el artículo 43° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, se realiza en el marco de políticas públicas regulado por la Ley N° 28175, por lo que el retiro de la confianza o la remoción de dicho cargo no genera indemnización alguna para aquellos trabajadores que fueron designados directamente a un cargo de confianza o de dirección.

“Tenemos informes legales de estudios de abogados reconocidos contratados por Seal que nos han dicho que hacer el desembolso por ese concepto es viable”, nos respondió el gerente general de Seal, Paúl Rodríguez Ochoa, uno de los beneficiados con esa entrega de dinero. Él recibió S/ 123 mil 714.

Rodríguez, el último lunes, nos hizo saber que atendería nuestro pedido de una entrevista para esclarecer los hechos denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción y nos citó para el martes 2.

En esa reunión dijo que su gestión es transparente y que nos alcanzaría al siguiente día (miércoles) los informes elaborados por los estudios de abogados que le aseguraron de la viabilidad del desembolso por concepto de indemnización. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no enviaron ningún documento.

“Esta es una costumbre en Seal (en referencia al pago de indemnización), el actual gerente del GRA, Leonidas Zavala también recibió un pago por ese concepto. Lo mismo ha sucedido con Giancarlo Veliz que trabaja ahí también”, indicó el gerente general de la empresa de la luz, Rodríguez Ochoa.

Será la fiscal Marita Cueva la que determine si el pago de esa indemnización se ajusta a ley.

OTROS HECHOS DENUNCIADOS

Rodríguez Ochoa conocía de los temas que se tratarían en la entrevista del pasado martes, una muestra de ello es que mencionó la publicación que hicimos respecto del pago de la indemnización a favor de la abogada Natalie Bardales Guevara que fue de S/ 2 341 y, por la expresión de su rostro, dio la impresión de que el monto le parecía una pequeñez. En esa edición también se consignó la relación de hechos denunciados que son de conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y de la Comisión Anticorrupción Regional de Arequipa.

Bardales Guevara ingresaría a trabajar a Seal como gerente de Asesoría Legal, pero no se sometería a un concurso público, el Directorio de ese entonces (junio de 2022) ya había aprobado su contratación, eso consta en una de las actas de acuerdo. No obstante, FONAFE observó esa pretensión y tuvieron que retroceder.

El funcionario que les dijo que la contratación para ese cargo era viable fue Carlos Morales Araoz, en ese entonces jefe de recursos Humanos a quien le llamaron la atención e indemnizaron con S/ 50 274.63.

Tanto Rodríguez como Ardiles, gerente general y de asesoría legal, respectivamente se comprometieron a precisar qué tipo de sanción se le impuso a Morales Araoz. Esto tampoco fue cumplido por los funcionarios que aseguran son trasparentes en su gestión. 

Otro de los cuestionamientos está relacionado con una reunión que el gerente de Seal, Paúl Rodríguez mantuvo con la letrada esa entrevista ocurrió el 8 de junio de 2022, fecha en que de acuerdo con la denuncia se había convocado a un concurso para ocupar la Gerencia de Asesoría Legal.

“En esa fecha no se había lanzado el concurso”, dijo Rodríguez quien le pedimos precise la fecha exacta de la convocatoria del concurso público, el funcionario le dijo al gerente de Asesoría Legal, Luis Ardiles que apunte la pregunta pendiente de respuesta. Hasta el cierre de esta edición no hubo contestación a la interrogante.

“En la reunión conversamos de varios temas y me preguntó si se iba a dar el concurso porque estaba interesada en postular. Le dije que sí y que debe estar atenta para cuando el directorio lance el concurso”, dijo Rodríguez Ochoa. A Rodríguez Ochoa le pareció correcto dar esa información a la interesada.

Giancarlo Pérez Salinas ocasionó el embargo a Seal de más de un millón de soles en una de las cuentas bancarias de la empresa, sin embargo por este hecho nunca se le sancionó, por el contrario le pagaron una indemnización de S/ 71 968.

M Seal gastó en total 31 mil 770 soles en asesoría externa para tratar de evitar el cobro de ese dinero, pero no lograron nada porque los procesos judiciales iniciados por la entidad fueron declarados infundados por el Poder Judicial.

LOS INDEMNIZADOS

Paúl Rodríguez Ochoa           S/ 123 714.84

Giancarlo Pérez Salinas         S/ 71 968.35

Carlos Morales Araoz            S/ 50 274.63

Natalie Bardales Guevara      S/ 2 341.86