El Poder Judicial confirmó la resolución que rechazó el pedido fiscal para que se ordene el impedimento de salida del país por 36 meses contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de  colusión agravada vinculado al caso Lava Jato.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional adoptó esta medida al desestimar la apelación que presentó el Ministerio Público para revocar la decisión que emitió el juez Jorge Chávez Tamariz dentro de este caso.

El tribunal superior también revocó el extremo de la resolución del juez Chávez Tamariz en el que impuso a Susana Villarán el pago de una caución económica de 20 mil soles como parte de esta investigación preparatoria.

No obstante, la Sala Superior confirmó la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz de imponer mandato de comparecencia con restricciones a Susana Villarán sujeto a reglas de conducta, tales como no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización judicial, prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos y peritos, no brindar declaraciones a los medios de comunicación, entre otras.

Según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez Gómez, Susana Villarán habría concertado con directivos de la empresa O.A.S Sucursal Perú y Lamsac a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2012.

Esto permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por Lamsac en el año 2013 a cambio de apoyo económico para su campaña de reelección en el sillón municipal en el año 2014.