En el proceso por los hechos del 7 de diciembre del 2022 también están comprendidos la ex primera ministra Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta, Roberto Palomino y Aníbal Torres.

INCLUYEN A CHÁVEZ, HUERTA, SÁNCHEZ Y TORRES

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Poder Judicial ser incluida como actor civil en el proceso contra el expresidente Pedro Castillo por rebelión en torno al golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Como parte de ese requerimiento, se calculó un monto reparación civil de más de 67 millones de soles en la investigación a ser pagados entre los eventuales condenados por este caso, según informa el Congreso.

El proceso judicial actualmente en fase de investigación preparatoria, también incluye a la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Palomino (Comercio Exterior y Turismo), además del exasesor, Aníbal Torres.

En su escrito enviado al magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, el procurador general del Estado, Daniel Soria, detalló que los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública constituyen daño patrimonial cuyo monto indemnizatorio sería de 17 millones 711 mil 048.33 soles, mientras que por el daño extrapatrimonial, debería ascender a 50 millones de soles.

Así, a todos los investigados les correspondería abonar de manera solidaria la suma total de 67 millones 711 mil 048.33 soles, conforme a la calidad y grado de intervención que habrían tenido en los delitos ya precisados.

“Adicionalmente a ello, se debe dejar constancia que se trata de un monto inicial provisional, por lo que no es exigible en esta etapa acreditar el monto final de la reparación civil que se pretende”, indicó.

JUEZ EVALUARÁ

Según El Comercio, en los próximos días, el juez Checkley deberá programar una audiencia para evaluar el requerimiento de la PGE para ser incorporada como actor civil. De aceptarse su pedido, la cifra definitiva de la reparación civil planteada por la Procuraduría se conocerá recién luego que la Fiscalía presente una eventual acusación por este caso.

Finalmente, el pago de la reparación civil -que sería abonado entre Pedro Castillo y el resto de procesados- se haría solo si estos llegan a ser condenados al final de un eventual juicio por este caso.

Pedro Castillo cumple prisión preventiva por la investigación que se abrió en su contra por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, por el cual fue vacado por el pleno del Congreso y luego intervenido y detenido cuando se dirigía a la embajada de México en el Perú.

Cabe indicar que el Poder Judicial evaluará el próximo martes 23 de mayo un nuevo recurso planteado por la defensa legal de Castillo Terrones, recluido en el penal de Barbadillo, en el que busca que se archive el proceso iniciado en su contra por este caso.