Por Miguel A. Rodríguez Machay – Excanciller de la República del Perú.

La Alianza del Pacífico está soportando una crisis política debido a la persistente actitud recalcitrante de los presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, de desconocer a la mandataria peruana, Dina Boluarte, como legítima presidenta constitucional del Perú por sucesión establecida en nuestra Carta Magna de 1993. López Obrador se ha mostrado resistente a formalizar ad solemnitatem, el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza al Perú, por lo que ha surgido en nuestro país la idea de judicializar el asunto. Pero creo que hacerlo sería un grave error de Estado que podría dañar a la propia Alianza, poniendo en riesgo su existencia. Y no exagero.

Es verdad de que la Alianza del Pacífico fue constituida formalmente por un Acuerdo Marco, que es un tratado de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Fue suscrito en 2012, después de tres años, en 2015, una vez cumplido el proceso de aprobación legislativa por los derechos nacionales de los cuatro países; esto es, de Chile, México y Perú, y en el caso de Colombia, por la Corte Constitucional. Y una vez producida la ratificación del instrumento jurídico de conformidad con el derecho interno de cada país, dicho Acuerdo Marco se volvió jurídicamente compromisorio u obligatorio. Pero también es verdad de que la naturaleza constitutiva de la Alianza es haber emergido como un mecanismo cuatripartito de naturaleza económica cuyo objeto central –es la razón ontológica de su éxito– es la denominada integración profunda en el ámbito económico y comercial que se ha traducido en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en su más de una década de existencia ininterrumpida.

El Acuerdo Marco, entonces, es un tratado y, como tal, establece de manera vinculante u obligatoria el cumplimiento de lo pactado. Es lo que denominamos en el derecho internacional, la prevalencia del principio jurídico del Pacta Sunt Servanda, literalmente “fiel cumplimiento de la palabra empeñada”.

Ahora bien, el artículo 7 del Acuerdo señala expresa e indubitablemente de que la presidencia de la Alianza “…será ejercida sucesivamente por cada una de la Partes, en orden alfabético, por períodos anuales iniciados en enero”, siguiendo un desarrollo descriptivo de las atribuciones que corresponde al Estado que tenga la referida presidencia, cuya función más relevante es la de fungir de Estado coordinador o Parte coordinadora, como se quiera. Nótese de que la presidencia se asume con solamente haberse iniciado el mes de enero del año siguiente a la presidencia que tenía el Estado alfabéticamente anterior, en este caso México. Por tanto, el Perú de facto (de hecho) y de iure (de derecho) ya cuenta hace rato –5 meses– con la presidencia de la exitosa Alianza del Pacífico que fuera concebida por el expresidente peruano, Alan García y cuyo punto de partida quedara sellado en la histórica Declaración Presidencial de Lima del 28 de abril de 2011, que hemos recordado hace pocas semanas.

¿Para qué, en consecuencia, tener que llevar a un litigio internacional un problema que por su carácter político exógeno a la naturaleza constitutiva del Acuerdo Marco, podría resolverse de otra manera, es decir, diplomáticamente?.

Recordemos de que el marco adecuado para la solución de diferencias que pudieran surgir entre las Partes, esto es, los cuatro países, es el mecanismo de consultas establecido en el artículo 12 del Acuerdo que dice textualmente lo siguiente: “Las Partes realizarán todos los esfuerzos, mediante consultas u otros medios, para alcanzar una solución satisfactoria, ante cualquier diferencia sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones de este Acuerdo Marco”. El comunicado de la cancillería peruana que así lo hizo saber en su momento era correcto y tanto que sorprendió que, en el reciente pronunciamiento público de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, formulara declaraciones en tono distinto pues sus expresiones -seguramente sin proponérselo- prácticamente agotaron en un santiamén la estrategia esencialmente diplomática de las referidas consultas, poniéndose en riesgo no solamente la propia existencia de la Alianza, sino además, de que pudiera haberse tomado una decisión tripartita excluyente, esto es, de México, Colombia y Chile, -de este país hermano lo creo menos probable por el tono reciente de su canciller, Alberto van Klaveren-, dejando al Perú en posición marginal en el bloque, sin que ello signifique su expulsión pues no está siquiera prevista en el Acuerdo Marco precisamente porque siendo un tratado de integración profunda sus negociadores a la hora de redactar el texto ni por asomo concibieron este presupuesto de resta, y lo que es más grave, pudiendo decidir reactivamente el desatinado presidente mexicano el rompimiento de relaciones diplomáticas con el Perú, al que por efecto dominó, y en contexto de algo riesgo, sabe Dios, si también lo hubiera podido decidir el mandatario colombiano.

Nuestro sentido patriótico jamás debe significar echar más leña al fuego. Ya estamos advertidos de que nuestro camino para pasar esta malísima etapa política para la Alianza del Pacífico penosamente impactada por la ideología debe ser el diplomático por antonomasia; además, siendo la Alianza un mecanismo de integración profunda, solamente una pretensión sin controversia jurídica, dado que hemos demostrado que el Perú cuenta la presidencia de la Alianza en estos momentos de pleno de derecho, generaría un golpe letal al bloque más exitoso de los últimos años, que se ha constituido en la octava economía del mundo. Una disputa, además sin pies ni cabeza –repitámoslo siempre–, dañará a la referida integración profunda, que es el alma de su existencia exitosa, y además de espantar con aire de desilusión a los más de sesenta Estados observadores que cuenta habiendo sido incorporados en esa membresía por su manifiesta expectativa en la Alianza, reflejando el serio interés de la comunidad internacional por el bloque, frustrará el franco proceso de adhesión de nuevos Estados Parte, como es el caso de Ecuador, que hace buen tiempo sigue a la espera de ser admitido. Acudamos a la ventana abierta que siempre debe considerarse en diplomacia como me decía a cada rato mi maestro, el embajador Gonzalo Fernández Puyó, dignísimo presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional hasta su muerte, pues sin ventana abierta renunciamos a las posibilidades reales y permanentes que siempre nos da la diplomacia. Por tanto, tengamos, finalmente, cuidado en las decisiones que se tomen al más alto nivel gubernamental, y que deben hacerse siempre pensando en los elevados intereses del Perú.