El Poder Judicial anuló ayer lunes la acusación fiscal en la que se pidió de 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda por el caso Westfield Capital, vinculado a Odebrecht.

El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la tutela de derechos que presentaron los abogados del exmandatario y el empresario chileno para dejar sin efecto la disposición del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del caso Lava Jato, emitida el último 12 de mayo, en la que se dio por concluida la investigación preparatoria en torno a este caso.

El magistrado adoptó esta medida al determinar que la medida fiscal vulneró el derecho a la defensa y a la prueba de ambos investigados, al resaltar que la Fiscalía aún no culminó un informe pericial contable financiero sobre hechos vinculados a la Transportadora de Gas del Perú S.A (TGP), así como otras diligencias que están pendientes de actuar en este proceso penal.

Ante ello, Jorge Chávez Tamariz declaró nulo lo actuado; es decir, la presentación de la referida acusación fiscal, y determinó que todo se retrotraiga y regrese a dicha etapa de investigación preparatoria para que la Fiscalía culmine con la pericia contable y financiera, así como las otras diligencias pendientes con la participación de la defensa bajo apercibimiento o advertencia de que, en caso de incumplimiento, se ponga en conocimiento del órgano de control correspondiente.

Al término de la audiencia virtual, el representante del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato anunció que apelará esta decisión judicial, mientras que los abogados del exmandatario y de Gerardo Sepúlveda expresaron su conformidad con lo resuelto en este caso. 

El requerimiento del Equipo Especial del caso Lava Jato

Recientemente, el fiscal José Domingo Pérez Gómez procedió, tras finalizar la indagación, a presentar la acusación penal en contra del exmandatario para quien solicitó 35 años de prisión por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado a raíz del caso Westfield Capital.

En su dictamen acusatorio, Pérez Gómez atribuye al exmandatario la conformación de una organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht y otras, a través de consultorías y asesorías encubiertas, por el proyecto de la carretera Interoceánica Sur (tramos dos y tres), el proyecto de Irrigación Olmos, Rutas de Lima y otros durante el periodo que Kuczynski se desempeñó como alto funcionario del Gobierno de Alejandro Toledo. 

Además, el fiscal pidió 35 años de cárcel para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, así como 23 años de prisión y 11 años y 6 meses de cárcel para Gloria Kisic Wagner y Luis Bernaola Ñuflo, respectivamente.