Por: Carlos Meneses

El impacto de la minería sobre la economía peruana es considerable, según el informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible. Entre el 2009 y 2018, la minería representó el 8,64 % del Producto Bruto Interno (PBI) y cerca del 60 % de las exportaciones. Asimismo, el Perú se convirtió en un país de producción minera polimetálica, debido a que produce 6 de los 10 principales minerales más comercializados a nivel mundial.

El proceso de formalización minera es una estrategia del Gobierno que busca brindar y acompañar al pequeño minero en el camino hacia la formalización de su actividad. Se inició en el 2002 con la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, No. 27651.

Ha pasado más de dos décadas y surge la interrogante, ¿se ha logrado mayores avances para obtener la formalización de las actividades mineras en el país?. Por distintas razones, pero lo cierto es que el proceso no ha obtenido los resultados necesarios.

El programa de Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) afronta severas críticas y evidencia falencias, no funciona como se esperaba. Según el Instituto Peruano de Economía, en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a que más de 90 mil mineros en el ámbito nacional iniciaron su proceso para formalizarse, solo el 2% lo habría completado.

Otro dato. De los 60,552 mineros que iniciaron el proceso de formalización en el 2012, únicamente se formalizaron 6,775 al 2016 y hasta el 2018 se habían formalizado casi 7,000. Hacia adelante tampoco hubo mayores avances.

Por ello, Arequipa figura como la región con más mineros suspendidos (en su gran mayoría son trabajadores que no han completado o han abandonado su formalización). Son 13 mil 631 que siguen trabajando en la informalidad y solo 3 mil 1 65 se formalizaron en todo este tiempo.

El problema de la minería informal o ilegal se agrava porque de acuerdo a información de La Unión Americana de Geofísica, los operativos militares y policiales paralizaron temporalmente la extracción en un 90%, actualmente se estarían abriendo nuevos centros de explotación de oro, en diversas regiones y los niveles de la minería ilegal estarían superando los niveles existentes antes de las intervenciones.

El desarrollo de esta actividad  genera graves daños a los ecosistemas frágiles y a la salud de la población, evasión de impuestos, obstaculización de otras actividades económicas y se asocian a la minería informal e ilegal situaciones delictivas, como trata de personas, lavado de activos, comercio clandestino, tala ilegal, corrupción, entre otros.

El desarrollo de la minería requiere una política adecuada en el frente formal e informal, es decir, que combata la minería ilegal y formule medidas que promuevan el crecimiento sostenible de la actividad legal en el Perú.