El Poder Judicial confirmó la incautación de dichos bienes. Mientras que se ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, entre ellos de la empresaria Sada Goray y de Salatiel Marrufo.

EN EL DÍA DEL GOLPE DE ESTADO

El 7 de diciembre del 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo, salió raudamente de Palacio de Gobierno, luego de dar un golpe de Estado al disponer un “Gobierno de Excepción” durante un mensaje a la Nación, dejó atrás maletas y bolsos con objetos personales, según El Comercio.

Esa misma noche, después de abrir investigación contra el exmandatario, la fiscalía allanó Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge encontrando diversos bienes.

Fue en el segundo piso de la residencia de la presidencia de la República que los representantes del Ministerio Público hallaron en un pasadizo bolsas de viaje, maletas y bolsas de plástico, que contenían las pertenencias del expresidente ahora preso y sus familiares.

Además, se halló un bolso de mano de tela, color blanco y azul, conteniendo nueve chips prepago Movistar sellados, dentro de una bolsa de polietileno color blanco, y una caja de celular vacía, de marca Apple; y en cuya superficie había un papel de color amarillo pegado con cinta adhesiva con el número 970064317.

Todo ello, fue lacrado y sellado conforme se señala en un acta del 08 de diciembre de 2022 y se consignó como “De la exhibición de documentos y otros en el tercer ambiente – pasadizo”.

El pasado 21 de abril de 2023, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos -que tiene a cargo el proceso seguido contra Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión- realizó la diligencia de deslacrado y advirtió que los bienes eran de carácter privado, por lo que se suspendió la diligencia a efectos de requerir la confirmatoria de la incautación y el levantamiento del secreto de las comunicaciones y poder acceder a la información de dichos chips.

“La fiscalía indica que realizó la incautación de nueve (09) chips prepago Movistar sellados, encontrados dentro de una bolsa de polietileno color blanco; y, de un una (01) caja de celular vacía, de marca “Apple” en cuya superficie se encuentra un papel de color amarillo pegado con cinta adhesiva con el número 970064317; bienes hallados durante la diligencia de exhibición e incautación de documentos no privados”, se indica en el documento judicial obtenido por El Comercio.

El último 16 de mayo, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley determinó que la incautación de dichos bienes, pese a que fueron hallados entre las cosas personales de Castillo, podrían haber servido para la ejecución de los delitos investigados, haber estado relacionados con los mismos o ser necesarios para su esclarecimiento.

“Efectuada dicha evaluación se tiene que los bienes incautados (chips y caja de celular vacía con un papel con un número telefónico adjunto) podrían tener relación con la investigación seguida contra Castillo Terrones, conforme a la imputación efectuada por el Ministerio Público; así tenemos que se trata de la actividad de recogida –mediante la incautación- y custodia –o conservación- de cosas relacionas con el delito o necesarias para su esclarecimiento”, señaló el magistrado.

Por ello, declaró procedente la confirmación judicial de la incautación, tanto de los nueve chips como de la caja de un teléfono y la anotación correspondiente.

SIGUEN BUSCANDO OPERACIONES EN VIVIENDA Y SBN

De otro lado, el juez Raúl Justiniano Romero ordenó el levantar el secreto de las comunicaciones de nueve investigados y un testigo, vinculados a presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Pedro Castillo.

Se trata del exasesor ministerial Salatiel Marrufo, la empresaria Sada Angélica Goray Chong, la exsuperintendenta Nacional de Bienes Estatales, Cyntia Raquel Rudas Murga, la exgerente de la SBN Jaqueline Perales Olano y los exfuncionarios de la SBN Marina Aglae Subiria Franco, Héctor Manuel Chávez Arenas, Flor Amelia Olivera Orellana, Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino, Jorge Mauricio Fernandini Arbulu, e Italo Alejandro Arbulú Ortega (no investigado).

“Cuyas personas y celulares habrían perpetrado y/o realizado las coordinaciones para la presunta ejecución de los delitos indicados, al haber sido identificados como tales y quienes serían los titulares del objeto materia del levantamiento del secreto de las comunicaciones”, señaló la fiscalía.

En este caso se investiga los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

Según la tesis del Ministerio Público, luego que Castillo Terrones ganó las elecciones en 2021, la presunta organización criminal que dirigía se enquistó en diversas esferas del gobierno, entre ellas el Ministerio de Vivienda con Geiner Alvarado como ministro.

La fiscalía incluye la declaración del aspirante a colaborador eficaz CE-03-2022, que narró que los primeros días de setiembre del 2022 “se reunieron en el quinto piso de la casa de Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo”.