«El Ministerio Público concluye, como prognosis concreta de pena (conocimiento anticipado de un suceso), que al momento de llegarse a condenar, si es que así fuera, se le impondría no menos de 8 años de pena privativa de la libertad», sostuvo el fiscal José García.

Al presentar los argumentos del pedido de variación de comparecencia simple a 28 meses de prisión preventiva contra Paredes y otros investigados, el fiscal dijo que se atribuye a la exprimera dama ser «coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo» que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.

La defensa de Paredes rechazó esos argumentos y señaló que la «prognosis es una tema a futuro, es una hipótesis» y «para la defensa no se va a poder condenar» a su patrocinada «porque no existen elementos ni graves ni fundados».

«La defensa está convencida de que este caso va a decaer con el tiempo», remarcó antes de indicar que «en el supuesto de una sentencia esta sería de un máximo de 4 años», lo que no implicaría el ingreso en prisión.

Luego de que el abogado señalara que «no existiría tal pena probable», el fiscal aseguró que «en el transcurso de la investigación se ha visto una conducta negacionista, engarzada con una conducta procesal de fuga» de Paredes.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, señaló que la vista del caso continuará desde las 15.00 horas horas del próximo 31 de mayo.

Justiniano comenzó ayer jueves a analizar la solicitud de variación de la situación judicial de Paredes tras postergarla en repetidas ocasiones, la última de ellas el pasado lunes, por pedidos de los abogados o para que se corrijan errores en la carpeta fiscal.

El juez rechazó en marzo pasado un primer pedido de imponer 36 meses de prisión preventiva a Paredes, tras declarar «fundada la nulidad» de la solicitud fiscal, que fue presentada por los abogados de la exprimera dama y sus hermanos Walter y David, investigados por presunta colusión y organización criminal.

En ese momento, el juez dijo que la Fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva.