Por: Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes

Una vez más nos viene con la cantaleta de la pérdida de miles de millones de soles del Presupuesto del Sector Público, por corrupción generalizada en el Estado Peruano y en sus tres niveles de Gobierno: nacional, regionales y locales.

En la VI Conferencia Anticorrupción Internacional, realizado en Lima los días 2 y 3 de febrero de 2016, el entonces Contralor General de la República, Fuad Khoury, declaró: “El Perú desde el año 2010 ha perdido tres mil millones de soles por actos de corrupción”.

El año 2020, los medios de comunicación: escritos, radiales y televisivos, registraron y propalaron la noticia: “Contraloría: Perú pierde anualmente S/ 23,000 millones por corrupción e inconducta funcional”, agregaron “en el año 2019 ocasionaron pérdidas al país por aproximadamente 23,000 millones de soles, anunció Nelson Shack”, actual Contralor General de la República.

Sigue contando la corrupción. El diario oficial El Peruano de fecha 30 de octubre de 2021, pág. 4, recoge la nota: “Gran pérdida por corrupción. La corrupción ha significado una pérdida de más de 22,000 millones de soles durante el 2020 en el Perú”, esto declaró el Contralor Nelson Shack en el 5° Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, organizado por la World Compliance Association.

¡De S/ 500 millones a S/ 23,000 millones! Si el Perú en cinco años del 2010 al 2015, perdió S/ 3,000 millones por corrupción, o sea, a razón de S/ 500 millones por año. Ahora desde los últimos años, nuestro país viene perdiendo, por corrupción la suma de S/ 23,000 mil millones al año.

¿Cómo explicar ese super mega incremento de la corrupción de S/ 500 millones al año (2010 – 2015), a más de S/ 20,000 millones a partir del año 2019 – 2020?

En Internet, encontramos una nota de prensa de la Contraloría General de la República, de fecha 06 de julio de 2022, dice: “Perú perdió más de S/ 24 mil millones en 2021 por corrupción e inconducta funcional”, luego, se lee: “El contralor general Nelson Shack reveló que en el año 2021 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron al país un perjuicio económico estimado en S/ 24 262 964 827, de acuerdo al Índice CGR de Corrupción 2021 que anualmente emite la Contraloría General. Para dicho año este representa el 13.6% del presupuesto nacional devengado o ejecutado”. Haciendo alegorías, señala: “Es un poco más que el presupuesto para la ejecución de dos nuevas carreteras centrales”, concluyó: “la corrupción es el principal problema público y estructural que tiene nuestra sociedad”.

Ahora, nos dice, la Contraloría General de la República que, el año 2022, “la corrupción causó un perjuicio económico de aproximadamente S/ 24 mil 419 millones durante el año 2022. Esta cifra representa aproximadamente el 13.4% del presupuesto devengado a nivel nacional en dicho año …, el contralor general Nelson Shack señaló que, si reflexionamos sobre las consecuencias, esos recursos públicos perdidos debido a la corrupción (más de 24 mil millones de soles) podrían eliminarse la pobreza en Perú, aliviando este problema que actualmente afecta a millones de peruanos y peruanas en un plazo de al menos dos años”.

Augurando el futuro. Es muy probable que el Contralor General de la República, el primer semestre del próximo año 2024, nos va a dar a conocer a través de los medios de comunicación y redes sociales, “el Perú perdió por corrupción la suma ascendente, otra vez, a S/ 24 mil millones en el año 2023”. Y así va a ser los siguientes años, hasta el término de su triste período de Contralor General de la República.

Vergüenza e ineficiencia. Los Contralores se han dedicado a contar las gigantescas pérdidas por corrupción, cuando su labor es controlar, prevenir y evitarla. A la luz de los resultados nefastos, expuestos por ellos mismos, denotan ineficiencia y fracaso, por lo tanto, deberían procesarlos por ineptos y mandarlos a sus casas.

Señor Contralor, basta de cantaletas. Díganos qué va a hacer para prevenir la corrupción, qué medidas va a adoptar y aplicar para disminuir ostensiblemente las pérdidas por corrupción. No queremos escuchar “necesito más recursos y el Ministerio de Economía y Finanzas no me da”. Haga un Plan Anticorrupción e involucre a los consejeros regionales y regidores municipales, en una alianza de control – fiscalización articulada e integral. Que los Órganos de Control Institucional (OCI), de las municipalidades provinciales, realicen su trabajo, en muchos lugares no lo hacen.