Por César Gutiérrez – El Montonero

Después de 22 años de otorgada la concesión minera denominada hoy como Río Blanco, el proyecto avanza a paso lento, la oposición que tuvieron desde un inicio persiste y el desenlace es imprevisible; existiendo gran probabilidad que se frustre. 

Los antecedentes de lo vivido en más de dos décadas tienen gran influencia en lo que ocurre a la fecha, donde organizaciones sociales han radicalizado su posición y el lunes pasado han iniciado una jornada de protesta exigiendo el cierre de las oficinas ubicadas en la provincia de Ayabaca, de la empresa a cargo, Río Blanco Copper SA. 

La discusión central siempre ha sido la dicotomía: minería o agua, donde la prédica en contra del proyecto señala como perjudicados no solo áreas agrícolas de la región Piura, en las provincias de Piura, Ayabaca y Huancabamba, sino también en las colindantes de esta última en la región Cajamarca: San Ignacio y Jaén. 

En la época en que se otorga la concesión en el 2001 durante el gobierno de Alejandro Toledo, desde el Estado se actuó con mucha ligereza ante la oposición a la actividad minera, a pesar de que, desde 1999, ya se había iniciado el conflicto contra la empresa Manhattan, en el proyecto ubicado en el distrito de Tambo Grande, en la provincia de Piura. Esto devino en que el discurso antiminero fuese in crescendo. 

Entre el 2003 y el 2007, la titular de la concesión que se denominaba Majaz en esa época, Monterrico Metals (capitales ingleses), fue acusada por los lugareños de maltratos a personas, de muertes de dirigentes y de compra de conciencia de miembros de las juntas directivas comunales. La continuidad de la empresa se hizo inviable, motivo por el cual fue vendida a una sociedad de capitales chinos conformada por: Zijin Mining Group Co; Tongling Nonferrous Metal Group Co y Xiamen C&D Real State Co; que inició operaciones como Río Blanco Copper SA (RBCSA). 

En 16 años RBCSA no ha logrado persuadir a los propietarios de las 6,472 hectáreas de terrenos de la concesión minera, ubicada en el distrito de Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba. Los titulares de la propiedad son la Comunidad Campesina de Yanta (distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca) y la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas (distrito Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba). 

Hay un hecho trascendente utilizado por los grupos sociales que se oponen al proyecto, y es la consulta popular autoconvocada en septiembre del 2007 en tres locaciones relacionadas, donde participaron 17,423 votantes, siendo el resultado que el 97% estaba en contra de la minería. Desprolijidad gubernamental de no interactuar en el proceso, no bastaba con declararlo ilegal; hoy es la principal herramienta para pedir la resolución del contrato de concesión. 

Hay más en la responsabilidad estatal, se cuestiona la legalidad de la certificación ambiental otorgada con fines exploratorios, por no haberse realizado el proceso de participación ciudadana y de la consulta previa que, si bien es cierto que se normó en el año 2011, ha debido contemplarse una adecuación actual. Por estos hechos se ha internalizado la idea que las dependencias estatales no son instituciones que actúan con imparcialidad, sino con un sesgo proempresa. 

Es lamentable que un proyecto cuprífero que podría aportar un 6% adicional a la producción de cobre, que significaría una inversión de 2,500 MMUS$, generando 15,000 puestos de trabajo en la etapa constructiva y un aporte al canon minero del orden de 54 MMUS$ anuales; esté en situación tan delicada y al borde de la frustración. 

Dos mensajes que quedan: el manejo torpe de los temas sociales por parte de los empresarios primigenios y la indolencia estatal de no apoyar con decisiones técnicas y actuación de apoyo social a una inversión que puede resultar muy ventajosa para el país. En conclusión, los antecedentes cuentan en las decisiones finales.