Por: Carlos Meneses

El Código de Procedimiento Penal establece de manera expresa que la orden de captura tiene una vigencia máxima de un (1) año, sin embargo, el Fiscal competente puede solicitar la prórroga cuantas veces resulte necesario.

Manuel Vera Paredes, exalcalde del distrito de Cerro Colorado,  fue sentenciado a 8 años de cárcel por el delito de lavado de activos, pero fugó gracias a la demora y burocracia del Poder Judicial al momento de notificar la orden de captura a Requisitorias de la Policía Nacional.

Como se sabe, este no es el primer caso, hay otras autoridades que están prófugas como consecuencia de la lentitud en la administración de justicia, lo cual fue admitido por el propio presidente del Poder Judicial en Arequipa, incluso anunció que iniciaron investigación para sancionar a los trabajadores responsables.

La orden de captura fue notificada a Requisitorias recién 24 horas después que el PJ ratificó la sentencia en contra de Vera Paredes. Sin embargo, la PNP pidió que la exautoridad pase al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y que sea incluido en la lista de los más buscados.

No podemos olvidar que la administración de justicia es un servicio público esencial y que la justicia, si es lenta , deja de ser justa, por lo tanto quienes la administran deben asumir su responsabilidad y brindar el servicio sin dilaciones inaceptables.

Es decir, la justicia atrasada o inoportuna, es una deficiencia tan grave que descalifica todo el sistema judicial, por lo tanto urge cambios estructurales para hacer honor a su nombre: justicia.

Uno de los peores enemigos de una eficiente y celera administración de justicia, es la corrupción, la cual la debilita medularmente ya que genera un impedimento sustancial al ejercicio del derecho de las personas a un juicio imparcial y menoscaba gravemente la confianza de la población en la judicatura.