Por: Ricardo Montero

Este 2023 conmemoramos el trigésimo aniversario de la institución del Día Mundial de la Libertad de Prensa. La Unesco explica que esta fecha se instituyó para defender a los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia y para rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el desempeño de su profesión.

El 3 de mayo de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la resolución. Aun cuando no ha cesado el asesinato de periodistas que cumplen su deber de denunciar lo incorrecto e ilegal, en el período se han multiplicado las acciones para lograr el ejercicio de un periodismo libre.

La Unesco calcula en 1,591 el número de periodistas asesinados en todo el mundo desde 1993, lo que da un promedio de un asesinato por semana en los últimos 30 años. En el mismo período han sido abatidos 9 periodistas en nuestro país. México, con 153 asesinatos, Brasil, 54, y Colombia, 53, son las naciones latinoamericanas que se encuentran en la lista de los diez países del mundo donde han sido ultimados más periodistas.

Es urgente cambiar esta situación porque el asesinato de periodistas y la disminución de la libertad de expresión y de prensa contribuyen a extender la desinformación, la información errónea y las mentiras a tal punto que las poblaciones asumen, erróneamente, como normal lo incorrecto. De esta forma, se debilitan las instituciones base de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Los conflictos y la violencia, las desigualdades socioeconómicas, las crisis económicas, la corrupción, las anomalías ambientales, las migraciones forzadas, las epidemias, pandemias y otros problemas se podrían enfrentar con mayor éxito si persistiéramos en fomentar la libertad de prensa y en proteger la vida de los periodistas.

En nuestro país existen menores restricciones para ejercer libremente el periodismo. Es cierto que debemos ampliar las acciones para evitar que la desinformación y la mentira se apoderen del circuito informativo, con el fin de resguardar la libertad de los medios de comunicación, la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión. De ninguna manera lo lograremos alterando las reglas de juego existentes, amenazando con carcelería a los periodistas que investigan.

Un grupo de especialistas de Naciones Unidas ya ha advertido, por ejemplo, que las demandas judiciales por difamación presentadas por algunas personas contra periodistas que investigan y denuncian casos de acoso sexual propician estrategias para silenciar o desacreditar a estos profesionales.

Es necesario mantener el orden y sancionar a quien altera deliberadamente la verdad hasta convertirla en mentira, pero a la par es urgente proteger a quien, deliberadamente, se empeña por contar la verdad.