Ministerio Público advirtió que excongresista vendió su vivienda acreditada en arraigo. Testigo declaró a la Fiscalía que le preguntaron por un “modelo de decreto supremo”, según informó la defensa de la expresidenta del Consejo de Ministros en audiencia.

EN CASO DEL FALLIDO GOLPE DE ESTADO

El Ministerio Público, a través de la fiscal suprema adjunta, Sylvia Shack, solicitó al Poder Judicial que revoque la comparecencia restringida que se dictó en contra de la expresidenta del Consejo de Ministros (PCM) Betssy Chávez, y se le dicte prisión preventiva por 18 meses, al asegurar que “habría sorprendido” al Juzgado de Investigación Preparatoria de primera instancia con “hechos falsos e inciertos”.

En la misma audiencia, también requirió la variación de comparecencia por prisión preventiva contra los exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huerta y Roberto Sánchez, respectivamente. Sobre ambos, alegó que no acreditaron arraigo laboral y domiciliario adecuado.

Chávez Chino, Huerta Olivas y Sánchez Palomino, son investigados como presuntos coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración por el golpe de Estado que dirigió el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022, según El  Comercio.

VENTA DE VIVIENDA Y SIN ARRAIGOS

En su apelación, la Fiscalía señaló que cuando se analizó el pedido de prisión preventiva en primera instancia, ante el juez de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, Bettsy Chávez presentó información que, en ese momento no pudo ser corroborada y que por el contrario sería “falsa”.

“En ese momento, la defensa de la investigada con el propósito de acreditar arraigos presentó 65 anexos conteniendo elementos de convicción de los que no se le corrió traslado oportunamente al representante del Ministerio Público y con los que se habría sorprendido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, constituyendo hechos falsos e inciertos”, señaló la fiscal, Sylvia Shack.

En ese sentido, explicó que la investigada presentó como arraigo domiciliario una vivienda que sería de su abuelo en el Centro Poblado La Natividad (Tacna), sin embargo, según Registros Públicos no es propietaria de ningún inmueble.

También se presentó una constatación domiciliaria “escueta” alegando que la exministra domicilia en dicha vivienda, pero no se detallan las características del predio visitado o que en el mismo se encuentren los objetos personales o qué espacio ocupa.

Otro documento presentado fue una “visita pastoral” del 19 abril del 2023, suscrita por Sergio Vargas Baca. No obstante, indicó la fiscal no se señala cuántas veces realizaron las visitas o cuánto duraron las mismas.

“Asimismo, el supuesto pastor evangélico vive en calle Callao, en Iquitos. Advirtiéndose que dicha constatación pastoral carece también de veracidad”, advirtió la fiscal.

La representante del Ministerio Público recordó que Chávez Chino dijo ser propietaria de un inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Los Sauces Mz E Lte 3, distrito de Coronel Gregorio Albarracín, Tacna.

Por ello, indicó la Fiscalía, los documentos presentados presentan “imprecisiones” y muchos de ellos han sido elaborados después de que se presentó el requerimiento de prisión preventiva en su contra.

“Por lo que, válidamente, se permite advertir que se trataría de trámites o documentos elaborados con la finalidad de desvirtuar los elementos del Ministerio Público. Peor aún, sorprendiendo al órgano jurisdiccional con imprecisión y actos premeditados”, comentó Shack.

La Fiscalía también señaló que “es falso” que exista una dependencia económica entre la investigada Chávez Chino y sus padres, ya que estos tienen ingresos independientes, además porque figuran como jubilados.

Sobre el contrato laboral con el Centro de Salud Inmaculada presentado por la investigada, la Fiscalía advirtió que dicho contrato fue rescindido al mes siguiente de haber sido elaborado, esto es, el 30 abril 2023. Ello, dijo, consta en el acta fiscal y policial de constatación en dicho y al entrevistar al administrador del centro de salud, el 1 de junio del 2023.

De otro lado, según el acta de constatación del 1 de junio del 2023, se evidenció que el domicilio ubicado en Sama, en el fundo Matamula (Tacna), donde supuestamente operaba la empresa Logimart Perú con la que Chávez Chino dijo haber firmado un contrato de trabajo, “se encuentra en un grifo en donde no hay actividad comercial desde el 2021″.

“Por lo expuesto, queda desvirtuado el arraigo laboral que pretendía acreditar la investigada”, aseguró la fiscal.

Por ello, alegó la fiscal, teniendo en cuenta la gravedad de la pena, que alcanzaría los 23 años de cárcel contra la exministra, la debilidad de los arraigos y los graves elementos de convicción, que demostrarían su participación en los hechos investigados; “existe una gran probabilidad de que la investigada pueda sustraerse de la acción de la justicia”.

Finalmente, advirtió Shack, luego del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, Chávez Chino ha mostrado una actitud renuente a reconocer los delitos de rebelión y conspiración pues aseveró en medios de comunicación que no reconocía que los actos delictivos cometidos por Pedro Castillo constituían un Golpe de Estado.

Y, a través de sus redes sociales, se dirigió en forma despectiva contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como “La Colán 2.0″.

Junto a ello, señaló la fiscal, luego de visitar el Penal de Barbadillo (ATE), donde se encuentra recluido Castillo Terrones, realizó acciones de azuzamiento en actos claros de obstaculización.

“Hasta en cuatro oportunidades se ha entrevistado con su coimputado Pedro Castillo, el 19, 22, el 24 y 29 de diciembre, visitas que revelan más de 7 horas de comunicación entre los coautores. Evidenciándose que se coordinaba versiones y coartadas”, anotó.

LOS EXMINISTROS

Respecto al exministro del Interior Willy Huerta, la Fiscalía aseveró que existen graves y fundados elementos de convicción en su contra, así como la prognosis de pena alta.

Sobre el contrato como asesor legal presentado con Inversiones Toy, para desacreditar el peligro de fuga, la Fiscalía afirmó que se realizaron constataciones en las direcciones de la empresa y una de ellas (ubicada en el Jirón Puno) no fue informada por el investigado.

Se acudió a la dirección y no se halló a Huerta y cuando acudieron a su vivienda personal, tampoco se le encontró.

Sobre el exministro Roberto Sánchez, la Fiscalía aseguró que, cuando Pedro Castillo emitía el mensaje a la Nación, contrariamente a lo alegado por el extitular del Interior, este se encontraba en la oficina presidencial junto a Chávez, Huerta y Aníbal Torres.

Esto, afirmó, ha sido confirmado por actas de visualización de videos de Palacio de Gobierno, “donde se ve al investigado Sánchez Palomino ingresar al Palacio siendo a las 11:11 horas; y posteriormente, a las 11:32 horas se verifica su ingreso al despacho presidencial, sin advertir su salida del recinto, sino hasta las 12:32 minutos. Estos es, culminado el Mensaje a la Nación”.

La representante del Ministerio Público aseveró que el exministro no rechazó lo ordenado por Castillo en el Mensaje a la Nación; sino que habría estrechado su mano “en aras de demostrar su respaldo al señalar: por el país”.

Sobre su arraigo domiciliario, la fiscal afirmó que su contrato de alquiler “se encuentra vencido”, lo que solo prueba “la incertidumbre de la temporalidad en la estadía de la calidad de arrendamiento”.

DATO

Erwin Siccha, defensa legal de la exministra Bettsy Chávez, rechazó los alegatos de la Fiscalía sobre la falta de arraigos y aseguró que, en efecto, su patrocinada sí vendió su vivienda, pero lo hizo para poder cumplir con la caución que se le impuso de S/ 100 mil.

Aseguró que, si bien el inmueble del abuelo de la investigada, acreditado como uno de sus domicilios, no figura a su nombre en Sunarp, ello no significa que no sea su vivienda.

Afirmó que solo fue citada a declarar una sola vez por la Fiscalía. Y, respecto a sus vínculos familiares, aseguró que si bien no existía una dependencia económica con ellos, la Fiscalía no ha considerado “su estabilidad de vínculo familiar”.

Reconoció que su patrocinada, pese a ser abogada, no tiene un estudio jurídico propio.

En otro momento, al referirse a los elementos de convicción aportados por la fiscalía para su apelación de la prisión preventiva, el abogado reseñó que se presentaron declaraciones de dos testigos.

Una de ellas sería Nataly Jasmin Vega Tafur, exsecretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros y quien dijo a la fiscalía que le habrían pedido un modelo de Decreto Supremo.