El Congreso de la República tiene apenas 6% de aprobación y se perfila como una de las gestiones que más desaprobación tiene en los últimos años. Además de promulgar cuestionadas leyes que perjudican a la población, algunos ‘padres de la patria’ son investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos cometidos durante su función parlamentaria. Incluso, dos de ellos se encuentran cumpliendo prisión preventiva por supuestos delitos graves.

CONGRESO TIENE APROBACIÓN DEL 6%

El caso de Betssy Chávez es uno de los más recientes. La exintegrante de la bancada de Perú Libre fue recluida en el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos luego de que la Fiscalía de la Nación encontrara indicios de fuga en el marco de la investigación que enfrenta por el presunto delito de rebelión y conspiración. A la exprimera ministra se le acusa de ser la coautora del autogolpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022.

El juez César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, declaró fundado el requerimiento fiscal de 18 meses de prisión preventiva en su contra.

Sin duda, uno de los casos más repudiables que se ha registrado en el Parlamento es el de Freddy Díaz. El congresista de Alianza Para el Progreso (APP) fue acusado de abusar sexualmente de su trabajadora parlamentaria en su despacho. El 12 de enero, el Pleno del Congreso inhabilitó por 10 años a Díaz y a mediados de febrero el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva en su contra.

LAS «MOCHASUELDOS»

Uno de los casos más mediáticos de este Congreso fue la denuncia de una serie de trabajadores parlamentarios que aseguraron que sus jefes, tanto legisladores como asesores principales, les recortaban parte de sus sueldos. Los empleados afirmaron que mensualmente les exigían el pago de un porcentaje de sus salarios.

Para el Ministerio Público, esto representaría el presunto delito de colusión, por lo que decidió iniciar una investigación contra las legisladoras no agrupadas Katy Ugarte y María Cordero Jon, y Heidy Juárez (Podemos Perú), a quienes señaló como autoras del presunto delito. En la lista también figuran las integrantes de Alianza Para el Progreso (APP) Magaly Ruíz, Rosío Torres y María Acuña.

Sin embargo, las funcionarias se salvaron de ser suspendidas de sus labores gracias a la Comisión de Ética, pues esta decidió blindar a Magaly Ruíz, Rosío Torres y Heidy Juárez. A la representación nacional le correspondía enfrentar una suspensión de 120 días por reglamento.

Luego de algunas semanas también se conoció el caso de los legisladores José Arriola, de Acción Popular (AP), y Edgar Tello (Bloque Magisterial). La Fiscalía de la Nación tomó cartas en el asunto y decidió iniciar una investigación en su contra por los cobros irregulares a sus trabajadores para presuntas donaciones.

«LOS NIÑOS»

El destape de un grupo de congresistas que confabuló con el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, para conseguir favores mediante sus votos fueron denominados ‘Los Niños’. Los parlamentarios que forman parte de este presunto escándalo de corrupción son Darwin Espinoza, Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori, Ilich López Ureña y Jorge Luis Flores Ancachi.

Los legisladores fueron involucrados con el exmandatario en las declaraciones de la empresaria Karelim López. Luego de ello, el Ministerio Público abrió una investigación en su contra por supuestamente integrar una red de corrupción en conjunto con Castillo Terrones. A los ‘padres de la patria’ se les acusa del presunto delito de tráfico de influencias y organización criminal.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, también está involucrado en el autogolpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo mediante un mensaje a la Nación a inicios de diciembre de 2022. El también congresista de Cambio Democrático – Juntos Por el Perú (JPP) es acusado del supuesto delito de rebelión y conspiración como “coautor del delito contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional”.