Por Carlos Meneses

La corrupción en el Perú impide el crecimiento económico de la población porque quebranta los derechos humanos, agrava la pobreza, incrementa la desigualdad e impide el desarrollo y progreso del país.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, tras la reciente detención de la empresaria Sada Goray el periodista Mauricio Fernandini aseguró  que el presidente Pedro Castillo estaba al tanto de todos los presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gestión y que el caso del Ministerio de Vivienda están implicados altos funcionarios de entidades públicas como como Sunarp, Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), Fondo MiVivienda y otras.

Dar con otros implicados en esta red de corrupción es responsabilidad de los operadores de justicia, inicialmente el Ministerio Público y la Policía Nacional y, posteriormente el Poder Judicial. Esperemos que estos “otros personajes” sean identificados con los elementos probatorios necesarrios,.

La Comisión de Fiscalización advirtió que los involucrados no solamente son de Marka Group, que corresponde a Sada Goray, sino también a otros funcionarios públicos, por lo cual este caso y otros en la gestión del expresidente Castillo, debe ser frontal y se requiere un trabajo eficiente del Ministerio Público y el Congreso de la República para que no queden impunes, y así sentar un precedente en la lucha contra la corrupción, mal que ha significado en el último año pérdidas económicas por 24 mil millones de soles.

Según las primeras declaraciones de colaboradores eficaces, el mandatario Pedro Castillo sí tenía conocimiento de todos estos actos de corrupción. Recordemos que Salatiel Marrufo declaró que el propio presidente ordenaba a Geiner Alvarado y a él para que la coima cuatro millones de soles sean repartidos entre él y sus familiares más cercanos, como sus seis hermanos.

Entonces, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción es el más importante instrumento de gestión en esta materia que establece objetivos, lineamientos y estándares que deben cumplir las instituciones del Estado para promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción.