Por: Carlos Meneses

Una vergüenza total. Esta situación parece haber colmado la paciencia de una buena parte de los  peruanos, quienes en reiteradas ocasiones han pedido el cierre del Congreso. La ciudadanía estaremos vigilantes.

Pese a que el 75% de la población pide drástica sanción para las congresistas “mochasueldos”, en una reciente encuesta, la Comisión de Ética, de 9 legisladores denunciados hasta el momento sancionó con suspensión solo a tres.

La ciudadanía, mayoritariamente, consideró que las parlamentarias que recortaron ilegalmente el sueldo a sus trabajadores, deben ser desaforadas y, además, recibir una pena de prisión por el delito cometido.

Heidy Juárez (Podemos Perú), Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso), recibieron con  amonestación pública escrita y descuento de sus haberes por 30 días. Quedan pendientes 6 casos. El domingo último, cuando ya había culminado la presente legislatura, denuncia contra el congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular).  Las cifras no tienen precedentes.

El Ministerio Público, hasta el momento, ha iniciado investigaciones preliminares contra seis congresistas por estos hechos, entre los que se encuentran María Cordero Jon Tay, Rosío Torres y Katy Ugarte.

Es decir, tenemos políticos que, en su mayoría, no se ponen en los zapatos ni de sus colaboradores más cercanos. Esta es una práctica de larga data.

El desagradable asunto del recorte compulsivo y abusivo de sueldos de los asesores y empleados de los legisladores es un escándalo con connotación penal y no tiene ningún argumento que lo justifique.

Quienes ejercen esta práctica ilegal e inhumana olvidan que son ellos los que tienen el compromiso con el país y deben cubrir sus deudas con sus propios esfuerzos y no del sueldo del personal que contratan para su servicio.

En el Parlamento, no solo hay el caso de los “mochasueldos”, “Los Niños” y los “Viajeros’ y a los que les encanta el trabajo virtual cuando se trata del Congreso, y presencial cuando se trata de salir del país, son un lastre que ha contribuido ostensiblemente al desprestigio de un Congreso que sobrepasa una desaprobación ciudadana del 90 por ciento.