*Ingresó por mesa de partes de la Corte Suprema el 4 de este mes. Mientras tanto su pareja Carmen Espinoza Delgado fue sentenciada por entregar documento falso a Fiscalía cuando fue incluida en investigación por lavado de activos y falsificó un documento notarial.

Por Erika Romero D.

Las autoridades policiales siguen sin dar con el paradero del prófugo Manuel Vera Paredes, sentenciado a 8 años de cárcel por haber cometido el delito de lavado de activos. Mientras tratan de ubicarlo, Vera presentó el pasado 4 de julio, por mesa de partes, un recurso de casación que, de acuerdo a servidores judiciales de la Sala Suprema Penal Permanente, ingresará a etapa de calificación y si cumple con los requisitos de forma será analizada por los magistrados en las cuestiones de fondo.

Juana Cutipa Vilcazani también fue procesada junto a Vera, a ella le impusieron la pena de 4 años de pena privativa de libertad que ha sido suspendida en su ejecución por 3 y debe cumplir reglas de conducta. Cutipa al igual que Vera, espera que su recurso supere la calificación judicial.

Vera Paredes aún es considerado por el Jurado Nacional del Elecciones (JNE) como el alcalde de Cerro Colorado y de acuerdo al portal web de la institución el pedido de suspensión iniciado por el Concejo de regidores sigue en trámite.

Asimismo, trascendió que las autoridades correspondientes han solicitado el ingreso de Manuel Vera al sistema de recompensas del Ministerio del Interior.

INVESTIGACIÓN ODECMA

La audiencia virtual de lectura de sentencia del hoy prófugo Manuel Vera Paredes se realizó el 25 de mayo y fue transmitida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJAR) a través de su cuenta de Facebook, del resultado estuvo pendiente la Policía Nacional. Él no participó de la misma.

Apenas se supo que se confirmó el falló inicial de 8 años de cárcel, un efectivo del área de requisitorias se presentó en el despacho de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones para pedir se le entregue la orden de captura en contra de Manuel Vera.

En un informe interno policial se señala que al efectivo le respondieron que la jornada laboral había culminado. Esta y otras circunstancias fueron aprovechadas por Vera para huir de la justicia.

Este hecho es investigado por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) que está a cargo del magistrado Jhonny Cáceres Valencia, quien señaló que aún se está dentro de los 30 días de plazo y que se estaba solicitando 2 informes. Asimismo, manifestó que es posible pedir ampliación por 30 días más.

“Se debe pedir informes a 8 personas. Se trata de los 3 jueces de la sala, al juez de primera instancia y a los especialistas legales de cada despacho que tuvo a su cargo el expediente judicial”, sostuvo Cáceres.

La jueza Patricia Reymer lleva la investigación en la Odecma, ella también cumple funciones en un juzgado, y se avocó al citado proceso investigativo el 9 de junio a partir del día siguiente corren los 30 días de plazo. Es muy posible que esta indagatoria sea declarada compleja.

Sobre las posibles conclusiones del mismo se supo que se puede recomendar una sanción para los servidores judiciales y dependiendo de la gravedad imponer una llamada de atención verbal o proponer la destitución.

Como también se puede recomendar que los protocolos de emisión y entrega de las órdenes de captura a la Policía se mejoren y que estás ya no sean subidas al sistema informático policial pudiendo ser entregadas físicamente y sin dilaciones al área de requisitorias que está en la sede judicial de la CSJAR.

Consultamos a jueces y abogados sobre quién emite las órdenes de captura. Nos explicaron, solicitando reservar su identidad para evitar inconvenientes posteriores, que lo usual es que si una sala penal confirma una sentencia esta debe bajar al juzgado de primera instancia para que se disponga la captura. Aunque no está prohibido que una sala lo haga porque es un procedimiento que no está establecido en una directiva o en un protocolo.

“Quien puede lo más, también puede lo menos”, concluyó uno de los magistrados consultados.

OTRA SENTENCIA

Carmen Flor Espinoza Delgado es pareja de Manuel Vera Paredes, ella también fue investigada por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos. La sentencia de primera instancia de 3 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución a 2, está relacionada con ese caso.

Resulta que, en el 2017 el Ministerio Público amplió la investigación preparatoria y se incluyó a Espinoza Delgado y a otras tres personas más como coautores del ilícito.

En su defensa Delgado presentó por escrito del 13 de junio del 2018 un contrato de promesa de compra venta de bien inmueble de fecha 26 de febrero de 2015. En ese documento se observa la firma y sellos que fueron atribuidos al notario público Miguel Ángel Linares Riveros.

Al notario le oficiaron por escrito para que señale la originalidad de los papeles exhibidos por Delgado.

“La legalización de firmas del documento denominado ‘contrato de promesa de compra venta de bien mueble’, no corresponden en sellos y firma, que ningún sello es el que se utilizó para legalización de firmas y en relación a mi supuesta firma ella es falsa y burda por no provenir de mi puño gráfico… Desde el 20 al 27 de febrero del 2015 me encontraba de licencia acreditada ante el Colegio de Notarios de Arequipa”, fue la respuesta de Linares.

En el juzgado se precisó que la conducta de la procesada (Carmen Espinoza Delgado) fue dolosa porque sabiendo que se trataba de un documento falso lo usó para poder obtener una resolución favorable por parte del Ministerio Público.

El fallo de primera instancia ha sido apelado y se sigue en la Tercera Sala de Apelaciones. El 3 de julio se realizó una audiencia.