Se presentó la primera lista para la Mesa Directiva del Congreso de la República, conformada por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Roselli Amuruz (Avanza País). Dos de los postulantes registran carpetas fiscales abiertas en su contra, de acuerdo con información oficial del Ministerio Público, luego de que RPP Data solicitara la consulta de casos fiscales mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

El primero es Alejandro Soto Reyes, quien postula como Presidente a la Mesa Directiva y que tiene 53 carpetas abiertas en la Fiscalía, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de autoridad, usurpación de funciones, entre otros. El segundo es Waldemar Cerrón, candidato a la segunda vicepresidencia, con cuatro investigaciones abiertas por lavado de activos. En el caso de Soto Reyes, la mayoría de casos se encuentra en el Distrito Fiscal del Cusco.

La nueva Mesa Directiva debería trabajar para recuperar la confianza ciudadana, sostiene la politóloga Katherine Zegarra.

En el caso de los congresistas Roselli Amuruz y Nano Guerra-García, ambos no registran denuncias ni investigaciones abiertas en su contra, según los datos oficiales.

Pero, ¿qué significa tener una carpeta fiscal abierta? El abogado penalista Aldo Cárdenas explica que esto significa tener una investigación frente al Ministerio Público y en la que uno puede ejercer el derecho a la defensa.

«Otra de las implicancias es que, si se encuentran indicios de la responsabilidad de la persona y la comisión del delito, se puede formalizar la investigación preparatoria y solicitar a un juez medidas como incautación o incluso prisión preventiva«, explica.