Por: Luis Alberto Chávez Risco

La desigualdad económica y social es una condición humana cuyo origen se extravía en el tiempo. Sin embargo, puede que la Revolución Industrial haya sido el período en el que se profundizó su impacto. Desde entonces, las sociedades han luchado para disminuir las brechas sociales que distancian a familias y países enteros.

En el país, la desigualdad es una realidad que la pandemia se encargó de visibilizar y ensanchar. Existe una gran disparidad en el desarrollo regional del Perú. Un estudio de la Sociedad Nacional de Industrias señala que más de la mitad de nuestras regiones “se encuentran en un estado crítico, al estar rezagadas en sus ingresos y no alcanzar un crecimiento adecuado, como se destaca en los casos de Cajamarca, Piura, Huancavelica y Puno”, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Reflejo de estas disparidades es la concentración en Lima del 42.8 % del PBI nacional. El 59.4 % de las industrias y el 49.2 % de las pequeñas industrias y microempresas también se concentran en la capital de la república. Todo ello, sin duda, tiene repercusiones en la generación de empleo y en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las regiones; pero, al mismo tiempo, deja entender con claridad dónde tiene el Estado que poner atención para mejorar los indicadores económicos y sociales de los peruanos.

En términos de impacto económico y de salud, por ejemplo, el país fue uno de los más afectados con la pandemia del covid-19. La economía cayó un -11% en el 2020, la más fuerte en la región. La pobreza aumentó al 30.1 % y la pobreza extrema alcanzó el 5.1 %. Retrocedimos lo que avanzamos en veinte años, lo que reveló la fragilidad del avance social que experimentamos.

Se calcula que en el pico de la pandemia se perdieron aproximadamente 6.7 millones de puestos de trabajo, según el Banco Mundial (BM). Los más afectados fueron los trabajadores informales y, entre ellos, principalmente los jóvenes y las mujeres; estas últimas porque se dedicaron a cuidar a sus familias, incluyendo hijos y ancianos.

La dura realidad es que hoy tenemos más personas pobres y vulnerables que antes de la pandemia. La mayoría de ellas viven en las zonas urbanas. Hoy, en el Perú, siete de cada diez pobres viven en áreas urbanas. A pesar de ello, los pobres rurales todavía son más pobres que los urbanos, de acuerdo con el BM.

¿Qué hacer, entonces? ¿Por dónde empezar? Retomar las mejoras en políticas públicas es un primer buen paso. Esto implica impulsar el acceso a servicios públicos de calidad, disminuir la informalidad y considerar a las regiones entes productivos articulados al mercado internacional. Se requiere un nuevo tipo de crecimiento, más inclusivo y descentralizado, que mejore la capacidad productiva de las personas pobres y vulnerables.

La política social no debe descuidarse; pero, a largo plazo, es el empleo formal y bien remunerado lo que ayudará a disminuir la brecha de desigualdad. Esto significa que debemos recuperar el crecimiento del PBI a más de 6 puntos porcentuales.

Las inversiones en sectores con alto potencial de crecimiento, como la agricultura, la silvicultura y el turismo, abren una ruta promisoria. Solo en exportaciones forestales, en el 2021 obtuvimos 121 millones de dólares, mientras que Uruguay exportó por 1,044 millones de dólares. ¿Por qué no seguir el ejemplo de Chile, que duplicó a Uruguay 2,600 millones de dólares, o de Brasil, que duplicó a Chile 4,400 millones de dólares en este rubro?

Las regiones necesitan potenciar sus recursos naturales, mejorar su nivel de competitividad y romper la correlación existente entre pobreza e informalidad para crear fuentes de trabajo seguras y mejorar los indicadores de desarrollo humano. Por su parte, el Estado en su conjunto debería centrar sus esfuerzos para cerrar la brecha de infraestructura en conectividad, tecnología, salud y educación. No eliminaremos la desigualdad; pero, con toda seguridad, avanzaremos firmemente en reducir las brechas económicas y sociales.