Por Erika Romero D.

Falsificación de documentos es un delito que perjudica a municipios y otras entidades públicas

Mientras que la Fiscalía investiga la entrega de licencia de construcción falsa con la que se inició construcción en zona calificada como Ambiente Urbano Monumental.

EN BUSTAMANTE Y RIVERO DETECTARON LICENCIA E ITSE FALSA

En la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJAR) se programan hasta cuatro audiencias diarias para ventilar procesos relacionados con el delito contra la fe pública, el perjudicado es el Estado peruano representado por las entidades estatales. El INEI en un informe comparativo entre enero y marzo del 2020 y 2021, precisó que en el primer año se reportó 602 denuncias y 596, respectivamente a propósito de la comisión de este delito.

De otro lado, en el reporte denominado Estadística de la Criminalidad elaborado por el Poder Judicial para el 2020 fueron condenadas 748 personas.

En Arequipa se han dado varios casos, uno de los más recientes es el proceso judicial seguido al servidor José Adriazola Hurtado de la comuna de José Luis Bustamante y Rivero y a la comerciante de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, Isabel Valdivia Mercado.

LOS HECHOS

En los años en que se publicaron medidas para mantener el distanciamiento social para evitar la propagación de la Covid- 19. Una inspectora del área de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (JLB yR), el 16 de septiembre de 2020 inspeccionaba que en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres se cumpliera con la disposición señalada líneas arriba.

En su trayecto vio que en la tienda administrada por Valdivia Mercado había mucha gente que estaba demasiado cerca una de la otra, se acercó y le pidió a Valdivia que le exhiba la licencia de funcionamiento y el certificado de Defensa Civil, documento que demuestra que el establecimiento no es un riesgo para los trabajadores ni para las personas que acuden a adquirir lo artículos que ahí se comercializan.

Valdivia entregó los documentos solicitados, una vez en mano la servidora edil se comunicó con el área de Fiscalización y con Defensa Civil para que confirmen la veracidad de los papeles entregados.

“Me llamó mucho la atención la fecha de emisión de los documentos que fue días antes de la fiscalización. Asimismo, en la licencia de funcionamiento aparecía la firma de una persona diferente a la encargada de rubricar esos documentos. Roberto Rodríguez era el que firmaba las autorizaciones de funcionamiento. Ante la duda también me comuniqué con Defensa Civil porque el membrete del certificado no corresponde con el que se usaba en ese entonces”, indicó durante la audiencia judicial realizada el martes.

La respuesta a su consulta fue que el permiso de funcionamiento por el que consultaba no pertenecía a la administrada que se fiscalizaba y desde el área de Defensa Civil le manifestaron que el membrete de los certificados ITSE fue cambiado en marzo de 2020 y tampoco tenía relación con el local mucho menos con el nombre de la administrada.

La fiscalizadora recordó que le preguntó a la comerciante que facilite el cargo de presentación de solicitud de licencia, pero no fue entregado.

Luego llegaron los efectivos policiales y los involucrados fueron llevados a la comisaría del sector para el inicio de las indagaciones.

El proceso aún está en marcha y los imputados tienen el beneficio de la presunción de inocencia que debe ser rebatida con las pruebas que exhiba el Ministerio Público.

ALCALDE ZEGARRA

Consultado sobre este hecho el alcalde bustamantino, Fredy Zegarra Black señaló que a veces las personas pretenden sorprender a la autoridad y solo se detecta la documentación falsa cuando se cumplen las labores de fiscalización.

Sobre el servidor investigado sostuvo que aun no se ha decidido sobre su situación laboral dado que tiene la condición de nombrado y están a la espera de la resolución judicial para tomar las medidas pertinentes.

De otro lado, indicó que su gestión ha iniciado la fase de fiscalización en el sector de la Plataforma Comercial y seguramente las administraciones anteriores no lo hicieron por cálculo político, situación que no es la suya.

Los delitos contra la fe pública son la falsificación de documentos, que incluye la supresión, destrucción u ocultamiento de los mismos, la falsedad ideológica, entre otros. Falsificación de sellos, timbres y marcas oficiales, como las estampillas. Estas infracciones perjudican al Estado por lo que se consideran «delitos de corrupción».

OTRA FALSIFICACIÓN

Asimismo, el Ministerio Público investiga la entrega de una licencia de construcción a favor de la ciudadana Yobana Zapata Yucra propietaria de los inmuebles ubicados en la calle Beaterio 149-153 en donde se ejecutaba una obra de construcción que fue intervenida por los inspectores del Ministerio de Cultura.

La mujer presentó la Resolución Gerencial 226-2022 de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) que le autorizaba edificar en esa zona que tiene la calificación de Ambiente Urbano Monumental. Los trabajos ser realizaban en un predio ubicado entre el Puente Bolognesi y la iglesia de La Recoleta.

Esos papeles son falsos puesto que la MPA ha negado que los haya emitido.