PJ prorrogó por 36 meses el plazo para investigar a Susana Villarán
![PJ prorrogó por 36 meses el plazo para investigar a Susana Villarán](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_760,h_507/https://diarioelpueblo.com.pe/wp-content/uploads/2023/08/000261553M.jpg)
El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento hecho por el Ministerio Público para ampliar el plazo de la investigación preparatoria seguida a la exalcaldesa de Lima y un grupo de exfuncionarios de la comuna capitalina por el presunto delito de colusión, vinculado al caso Lava Jato.
A través de su cuenta en X (red social antes conocida como Twitter), este poder del Estado informó que el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público, que semanas atrás había solicitado la ampliación de plazo para la mentada investigación preparatoria.
“Los hechos investigados son: adenda Nº 1 al contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla, reajuste de la tarifa de los peajes de las vías administradas por la empresa LAMSAC, y actas de trato directo entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa LAMSAC de 2014”, se lee en la publicación.
Argumentos de la Fiscalía
Como se recuerda, el despacho del fiscal José Domingo Pérez solicitó la prórroga del plazo de esta investigación preparatoria, con el fin de que se puedan llevar a cabo una serie de diligencias pendientes, para poder establecer las responsabilidades que correspondan en este caso.
Según especificó el Poder Judicial, se trata de tres diligencias pendientes: la pericia de ingeniería, las asistencias judiciales internacionales, y el agotamiento de las declaraciones testimoniales.
Cabe mencionar que Susana Villarán y otras 34 personas entre naturales y jurídicas son investigadas por los presuntos delitos de colusión y colusión agravada, vinculados al caso Lava Jato.
La exalcaldesa de Lima afronta otro proceso penal por presuntamente haber recibido apoyo económico de las empresas constructoras Odebrecht, O.A.S y Graña Montero; para financiar tanto la campaña por el ‘NO’ a su revocatoria en el cargo, en el 2013.