La Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció, en primera instancia, 22 años y 5 meses de prisión contra el excongresista Michael Urtecho por los delitos cometidos al haber recortado los sueldos de sus trabajadores, en la época en que se desempeñaba en el Congreso de la República.

El colegiado, que preside el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, impuso además una inhabilitación por tres años y ocho meses.

De igual modo, su esposa, Claudia Gonzales, fue sentenciada a 28 años de cárcel por la comisión de los delitos de concusión, peculado y lavado de activos.

Sin embargo, se dispone la suspensión de la sentencia hasta que esta sea declarada consentida, mientras tanto deberá cumplir con algunas medidas limitativas.

Asimismo, el tribunal impuso el pago de 630 666 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado, el cual deberá ser cancelado de forma solidaria por ambos sentenciados, ello, por el delito de colusión.

En el extremo del delito de enriquecimiento ilícito, la Sala Suprema dispone que Urtecho debe pagar 2 millones 407 990 soles por reparación civil, mientras que a su esposa se le impone 100 000 soles por el mismo concepto sin perjuicio de devolver el dinero, bienes, efectos o ganancias de cuyo origen ilícito se ha visto beneficiada.

En el caso del exparlamentario se les acusa de haber abusado de su cargo, el cual ejerció durante dos periodos 2006-2011 y 2011 al 2013 al obligar a sus trabajadoras a entregarle parte de sus sueldos a cambio de permanecer en sus puestos de trabajos.

Mientras que en el caso de Gonzales se le imputa de haber prestado apoyo para cometer dichos ilícitos al concluir que sin su ayuda Urtecho no habría podido realizar los delitos que se le imputa.   

La Sala Pena Especial de la Corte Suprema es presidida por el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga e integrada por sus pares Inés Villa Bonilla y José Neyra Flores.

DENUNCIAS

Urtecho desempeñó el cargo de congresista en dos oportunidades; primero entre 2006 y 2011 y luego entre ese último año y el 2013. 

Fue durante su segunda gestión que informes periodísticos dieron pie a una denuncia que finalmente llevó a su destitución, en diciembre del 2013, y a que se le inhabilite en el ejercicio de cargos públicos durante diez años.

Estas dieron cuenta de los testimonios de trabajadores de su despacho parlamentario a quienes se les habría ordenado entregar parte de sus sueldos en beneficio de Urtecho y su esposa.