Por: Carlos Meneses

Las encuestas que recogen expertos sobre el pensamiento y la posición de la ciudadanía peruana merecen un estudio de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Las desaprobaciones que se repiten cada mes por parte de las encuestadoras nacionales obligan a tomar medidas rectificatorias de los 2 más importantes poderes del Estado.

Si bien se acepta que las encuestas son fotografías del momento, no puede negarse el hecho de que las coincidencias en resultados de las dos más importantes empresas de investigación de mercado concuerden con opiniones de distintos técnicos y con realidades existentes.

Eso ha ocurrido con los sondeos de opinión, realizados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y por Ipsos, que son financiados por poderosos consorcios periodísticos y de televisión nacional, que con algunas variables indican que la ciudadanía desaprueba las gestiones de la presidenta Boluarte y su gobierno y también del Congreso de la República.

Los informes derivan de dichos procesos de investigación realizados en la última semana del mes de agosto, tienen dimensión nacional por macro zonas y sobre todo interesa saber en las regiones lo que piensa Lima y su numerosa ciudadanía con respecto al resto de la República.

La desaprobación es notable referida sobre acciones de gobierno y labores del Congreso y eso es preocupante para quienes esperan cambios que no llegan o demoras en acciones oportunas sobre todo en el caso del Parlamento donde hay necesidad de resolver asuntos tales como los que tiene que analizar pronto la Comisión de Ética respecto de los sueldos que se recortan a los empleados y que se conocen como los casos de los “mocha sueldos”.

La opinión que pueda derivarse de estas investigaciones debe ser objeto de consideración gubernamental tanto en uno como en otro poder y proceder a resolver en consecuencia y a la brevedad posible.