La exalcaldesa de Lima Susana Villarán apeló la resolución judicial en la que se ordena ampliar por 36 meses adicionales la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio del Estado.

La exburgomaestre expreso así su disconformidad con la decisión que adoptó el juez Jorge Chávez Tamariz al acoger el pedido que hizo el despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez para se ordena la prórroga de esta investigación preparatoria por un plazo de tres años.

La defensa legal de Villarán de la Puente pide que se revoque la decisión del juez Chávez Tamariz al considerar que incurre en una errada apreciación de los hechos.

Asimismo, la decisión del magistrado Tamariz también fue apelada tanto por la defensa legal de la exregidora municipal Marisa Glave que demanda que está investigación preparatoria se ampliada solo por el plazo de cinco meses como también por los abogados de la empresa Lima Expresa S.A.C., quienes solicitan que se anule esta decisión a fin de que otro juez emita un nuevo pronunciamiento.

Al respecto, el juez Chávez Tamariz resolvió el último 11 de setiembre «conceder» y » admitir a trámite» estos recursos de apelación y remitirlos a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional para que los evalúe en una audiencia virtual a programar con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.

Según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez Gómez, la exburgomaestre habría concertado con directivos de las empresas O.A.S. Sucursal Perú y LAMSAC a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de concesión del proyecto vial Línea Amarilla en el año 2012.

El representante del Ministerio Público sostuvo que esto permitió un reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por LAMSAC en el año 2013 a cambio de que la exautoridad edil obtenga apoyo económico para financiar su campaña de reelección en el sillón municipal en el año 2014.

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán afronta otro proceso penal por haber recibido apoyo económico de las empresas constructoras Odebrecht, O.A.S. y Graña Montero para financiar tanto la campaña por el NO a su revocatoria en el cargo en el 2013, así como para su campaña de reelección municipal en el 2014. El fiscal Domingo Pérez pidió que se le imponga 29 años de prisión en este caso.