Por: Sandra Pilar Piro Marcos

En el Perú, una de cada diez personas tiene algún tipo de discapacidad. Así queda evidenciado a partir de las cifras del Censo del 2017, que continúa siendo la fuente de datos oficiales más reciente y completa sobre el tema. No obstante, la realidad nos muestra todos los días que estamos lejos de ser un país inclusivo y accesible para un sector de la población de más de tres millones de personas.

En el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, creemos necesario recalcar el papel clave que deben cumplir los gobiernos regionales y locales para alcanzar el objetivo de construir un país donde las personas con discapacidad puedan desempeñarse con plenitud, sin barreras, y demostrar que son capaces de hacer grandes cosas.

La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023 precisa que los gobiernos regionales y locales deben utilizar el 0.5% de su presupuesto institucional en proyectos de inversión que mejoren la accesibilidad en sus localidades (gastos de capital), así como otro 0.5% para financiar programas y servicios en beneficio de las personas con discapacidad (gastos corrientes).

Sin embargo, a la fecha, las acciones de fiscalización desplegadas por el Conadis revelan una marcada brecha de incumplimiento en estas disposiciones. Solo el 12% de entidades públicas, entre gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, cumplió con asignar el 0.5% de su presupuesto para gastos corrientes, mientras que el 48% asignó por debajo de lo estipulado.

En lo que respecta a gastos de capital, la realidad es aún más crítica, pues el 80% de entidades públicas fiscalizadas no cumplió con asignar el 0.5% de su presupuesto; el 5% reportó que asignó recursos, pero por debajo de lo establecido; y el 15% no envió información. Este alto nivel de incumplimiento resulta preocupante porque significa que no se están llevando a cabo proyectos de inversión que garanticen el desplazamiento seguro de las personas con discapacidad.

Desde el Conadis, consideramos que esta fecha es propicia para invocar a los gobiernos regionales y locales a que presten más atención a su población con discapacidad y cumplan con las obligaciones establecidas en la ley. Por nuestra parte, reafirmamos el compromiso de seguir brindándoles la asistencia técnica necesaria de cara a una correcta asignación y ejecución presupuestal que responda, finalmente, a las necesidades más urgentes de la población con discapacidad de sus jurisdicciones.

Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, en una sociedad con igualdad de oportunidades y sin barreras que frenen su desarrollo.