Fiscal pide levantamiento del secreto de comunicaciones de  Castillo, Silva y Alvarado

Por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. Ministerio Público también requiere al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario de Castillo, Silva y Alvarado. La Fiscalía les atribuye a Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado integrar una presunta organización criminal.

POR PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó al Poder Judicial ordenar el levantamiento del secreto del expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento) en el marco de las investigaciones de los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

El fiscal Helder Uriel Terán Dianderas hizo el requerimiento ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien programó la audiencia para el martes 7 de noviembre. Esta se desarrollará de manera reservada, según informó RPP.

Además del secreto de las telecomunicaciones —con el que se podrá acceder al registro de llamadas de los exaltos funcionarios—, el Ministerio Público requiere al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario de Castillo, Alvarado y Silva.

Si se levanta el secreto bancario, la Fiscalía de la Nación podrá conocer las cuentas, los saldos y los movimientos de los implicados.

Como se recuerda, en el caso Petroperú, el expresidente Pedro Castillo habría recibido un millonario soborno a cambio de designar a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la entidad petrolera.

Con Chávez Arévalo en el cargo, Petroperú direccionó la licitación de Biodiesel B100 por 74 millones a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), dirigida por el empresario Samir Abudayeh.

En tanto, en el denominado caso Puente Tarata, la Fiscalía investiga la presunta organización criminal que lideraría el exmandatario y que estaría conformada por los congresistas denominados ‘Los Niños’, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, el prófugo exministro Juan Silva y dos sobrinos de Castillo. También están implicados el caso los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López.

Respecto al caso Ministerio de Vivienda, se indaga el direccionamiento de obras comprendidas en el Decreto de Urgencia 102-2021.

Por estos casos el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, quien ya venía cumpliendo una por el fallido golpe de Estado. Geiner Alvarado gozaba de comparecencia con restricciones; sin embargo, la Sala Suprema Penal Permanente revocó esta medida e impuso la cárcel temporal.

Respecto a Juan Silva, el extitular del MTC se encuentra prófugo de la justicia desde junio de 2022, cuando no fue ubicado por la Policía Nacional del Perú al momento de que se ejecutó la orden de detención preliminar en su contra. Según un informe de Hildebrandt en sus trece, el exministro habría fugado a Venezuela.

En el mismo informe se da cuenta de que, antes de presuntamente huir del país, Silva Villegas habría permanecido escondido en un departamento de Jesús María. La imagen del exministro en dicho edificio es el último rastro que dejó antes de pasar a la clandestinidad.

INTENTO DE SILVA

Infobae Perú pudo conocer que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación del exministro Juan Silva con la que buscaba anular la orden de captura en su contra.

El argumento de la defensa de Silva Villegas, el abogado Jorge Castro Castro, se centraba en presunta afectación al debido proceso en el procedimiento de acusación constitucional en el Congreso.

En el fuero parlamentario, Castro Castro no pudo ejercer el derecho a la defensa debido a que no fue acreditado por el prófugo exministro, sino por su hijo Jhean Silva Sánchez.

Sin embargo, la sala suprema confirmó la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, de desestimar el recurso al considerar que la resolución acusatoria mantiene vigencia hasta que no haya sido invalidada.

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