Por Germán Yuca Ch.

Casi seis meses después de la tragedia en la mina Yanaquihua, los familiares de los 27 mineros fallecidos en el accidente minero más grande de los últimos años no encuentran justicia. Pese al tiempo transcurrido no se emite sanción alguna y nadie se hace responsable por las pérdidas; peor aun, la empresa involucrada –Servicios Mineros GOLD (Sermigold)– actúa de forma indolente con los deudos y los ha dejado a su suerte. Razón por la que un grupo de familiares arribó a Arequipa exigiendo justicia.

NO HAY RESPONSABLES Y MENOS SANCIONES

El pasado sábado 6 de mayo se reportó un incendio de gran magnitud en un socavón de la minera artesanal Esperanza I, ubicada en el centro poblado Ispacas, distrito Yanaquihua en Condesuyos. En el accidente 27 trabajadores (23 perforistas, dos motoristas, un supervisor y un peón) quedaron atrapados dentro del yacimiento y fallecieron de asfixia debido al fuego. Con estos decesos Arequipa se convertía en la región con más muertes causadas por la minería. 

Pese a que la tragedia movilizó inicialmente al Ejecutivo regional, el Ministerio Público, la Sunafil, e inclusive el Ministerio de Energía y Minas (Minem); actualmente la investigación parece haberse dejado de lado, pues –según cuentan los familiares– hasta la fecha no se aperturó la carpeta fiscal del caso. Hecho que les impide a los deudos el acceder a la información sobre sanciones y posibles responsables. 

«Las autoridades encargadas deben agilizar la investigación. Nos causa indignación y ansiedad el no saber qué pasó con nuestros familiares. No tenemos tranquilidad al recordar la tragedia y no saber quién es el culpable ni por qué ocurrió el accidente que se llevó a los seres queridos de 27 familias. Las autoridades deberían comprenderlo y brindarnos paz. Solo pedimos justicia», sostuvo Luz Calcina, hija de Marcelino Calcina Mamani fallecido durante el accidente. 

Los familiares denunciaron además que la empresa se limitó únicamente a ayudar en el trámite de los seguros de los fallecidos; sin embargo, no pagó ningún tipo de reparación civil, pese a que gran parte de los mineros que perecieron en Esperanza I eran sostén de familia y su ausencia deja madres sin consuelo, viudas sin sustento e infantes en orfandad. 

«Queremos que la empresa tenga una sanción para que ya no ocurran más tragedias y se enluten más familias. (…) Para la empresa ayudarnos en el trámite de los seguros es un apoyo, cuando ese pago sale del aporte de mi esposo fallecido. Pareciera que lo toman a burla y no ven la magnitud del dolor que nos ha causado nuestras pérdidas. Ahora que mi esposo ya no está, lamentablemente mi familia y yo en qué quedamos», dijo Delia Luz Apaza Cruz, viuda de Julio Condori Ramos. 

Las indagaciones preliminares señalaron que un cortocircuito habría comenzado el incendio en Esperanza I; hoy –tras todo el tiempo trascurrido– los familiares no tienen mayor información. Debido a que la empresa Sermigold y el propio Ministerio Público mantiene el caso de manera hermética y los deudos de los fallecidos no tiene mayor información del caso.

Para los deudos, las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y especialmente la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) tienen gran parte de responsabilidad en la tragedia, pues su inacción permitió que la tragedia ocurra. Más aún, cuando pese a los casi seis meses transcurridos no se emitió sanción alguna y Yakir Rozas, entonces gerente de Energía y Minas, continuó en el cargo sin obtener sanción alguna. Razón por la que perciben un blindaje de parte de las autoridades del Ejecutivo regional. 

«No había seguridad en el socavón, si lo hubiera no ocurrirían 27 muertes. La empresa tenía 50 faltas, ¿por qué no se supervisó antes? La inacción de las autoridades dejó morir a nuestros familiares. No entiendo cómo pueden seguir tan tranquilos sin darse cuenta cuánto sufrimos, tenemos que viajar hasta Arequipa para hacer oír nuestro grito de justicia», declaró Marleny Chura Quenta, viuda de Ronald Ronald Soto Palli, quien debe criar a dos hijas sola. 

Los familiares denunciaron también el maltrato de parte de las asistentas sociales, pues además de ser indolentes con las pérdidas sufridas, negaron que ameriten algún tipo de pago. Debido al desconocimiento de su parte, muchos desistieron de exigir algún reclamo. En tanto, por el hastío, cansancio y dolor muchos otros familiares dejaron de exigir justicia. 

Pese a la indolencia de diversas dependencias del Estado, los deudos de los mineros fallecidos en Yanaquihua siguen esperando por justicia. Razón por la que anunciaron que continuarán buscando justicia, aunque para ello deban seguir viajando inter provincialmente, pues gran parte de ellos son naturales de Puno, Cusco y, otros pocos, de Lima y Junín.