Por: Jery Ramón Ruffner

El Artículo 18 de la Constitución Política del Estado consagra el Derecho a la educación universitaria para consolidar “la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica”. Por tanto, corresponde al Estado subvencionar suficientemente a las universidades estatales para que cumplan a cabalidad las tareas de formación, investigación y de extensión a través de proyectos de responsabilidad social.

Empero, los gobiernos no asumieron ni asumen con la debida responsabilidad el sagrado mandato constitucional que les otorga el pueblo de promover la educación superior con calidad respaldando el funcionamiento de las universidades públicas.

Las autoridades universitarias desarrollan sus actividades académicas, investigativas y de apoyo social con presupuestos insuficientes, situación que afecta directamente a los educandos que por sus propios méritos lograron ingresar a una universidad pública donde los cupos son muy limitados, esperanzados en recibir educación de calidad para profesionalizarse y plasmar sus legítimas aspiraciones de superación personal.

El Estado aún no asimila la real importancia de la educación en el proceso de desarrollo de un país y sigue restringiendo el presupuesto de las universidades públicas y, de paso, deben cumplir exigencias de la Ley N° 30220 contando con buena infraestructura, laboratorios científicos, desarrollar investigaciones, implementar proyectos de Responsabilidad Social Universitaria, integrar una planta docente con profesionales de calidad, incentivar la producción intelectual y publicaciones en revistas internacionales indexadas, impulsar procesos de autoevaluación y subsecuentes acreditaciones internacionales, promover la movilidad y pasantía docente nacional e internacional, capacitar a sus trabajadores, sin dejar de atender a través de Bienestar Social el servicio al estudiantado, cumplir sus obligaciones económico-sociales con sus personal docente y administrativo.

La falta de sensibilidad del gobierno genera el sometimiento de las universidades públicas a un régimen de mal trato y desconsideración, al restringirles su presupuesto, obligadas a funcionar con recursos insuficientes, estirando al máximo la asignación que el Estado les proporciona.

Cruda realidad de la educación superior en el Perú que contraviene principios consagrados internacionalmente en el sentido de que “La educación superior es un bien público y social y un derecho humano insoslayable”. El accionar del Estado, a través de anteriores y el actual gobierno, siempre estuvo en dirección contraria a estos principios enarbolados en los foros internacionales y convenios de los cuáles el Perú es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 13.

Es tiempo de formar convicción sobre la obligación ineludible del Estado de solventar suficientemente a las universidades públicas, lo contrario implica promover su debilitamiento institucional y atentar contra el derecho de miles de estudiantes que integran la comunidad universitaria. Afectar el funcionamiento de las universidades estatales es incentivar el surgimiento de empresas comerciales de educación superior que bajo el rótulo de universidades privadas mercantilizan la educación.