Por César Gutiérrez

La reciente primera vuelta de las presidenciales argentinas ha llevado a múltiples comentarios en los que se observa más pasión que análisis. En el Perú el discurso político mediático se ha polarizado entre derecha e izquierda, llamando a esta última en todas sus variantes como comunista, y en ese contexto se pretende entender lo que está pasando en el país del río La Plata.

Al “kirchnerismo”, una corriente dentro del “peronismo”, se le encasilla en nuestro país dentro de la denominación comunista. Señales para ello la han dado con su adhesión declarativa al llamado “socialismo del siglo XXI”, promovido por el extinto mandatario Hugo Chávez. Así se hizo durante los cuatro años del gobierno de Néstor Kirchner, los 8 años de Cristina Fernández y los cuatro años de mandato de Alberto Fernández, que culminan en diciembre próximo. 

A su adhesión al movimiento “chavista” se adiciona la hostilización a la inversión privada, como es el caso de Repsol YPF en el 2008 y su posterior nacionalización en el 2012. Una historia llena de vericuetos, con material suficiente como para publicar un libro. Todo lo sucedido con la mencionada empresa se sitúa en el período 2008-2013, es decir entre los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015). 

Con estos antecedentes, la visión de los gobiernos “K” es estatista, autoritaria, populista, con graves denuncias de corrupción, y con una innegable gran capacidad de movilización social. Sin embargo, eso no es todo; hay que ver también la forma de atraer con sus recursos naturales hidrocarburíferos a las grandes corporaciones mundiales que transitan por las turbulentas aguas del riesgo. 

El caso de Repsol YPF se hace público a inicios del 2008, con la presión del Gobierno de Cristina para que la empresa española transfiriera el 15% de su accionariado a la familia Eskenazy, que controlaba el grupo empresarial Petersen (GEP), cercano a los Kirchner. Lo más saltante de la operación era que el valor de las acciones se pagaba con las utilidades futuras de la empresa. Así, a fines del 2009 el GEP se hizo del 25.46% de las acciones. 

La empresa española continuó en la brega a pesar de la adversidad. Su mira estaba puesta en el yacimiento de gas y petróleo de Vaca Muerta, cuya explotación se realizaría con la tecnología usada en los Estados Unidos para el gas y petróleo de esquisto. Confirmadas las reservas hacia mayo del 2012, el Gobierno de Cristina procedió inmediatamente a nacionalizar el 51% de las acciones. 

Las demandas internacionales no se hicieron esperar, y hoy le pasan la factura al país por US$ 16 000 millones. Pero en simultáneo, con todo este clima adverso a la inversión, empezaron a negociar con diversas multinacionales para la explotación del yacimiento. Eran muy conscientes de lo que tenían: reservas de gas natural que son 63 veces las que tiene Perú, y de hidrocarburos líquidos que equivalen a 82 veces con las que contamos en nuestro país. 

En el mismo 2012 firmaron un Memorando de Entendimiento con la norteamericana Chevron, y un año después un contrato de explotación. Chevron es una empresa que está en el top de las 30 primeras empresas de mayor capitalización bursátil mundial, solo precedida en su rubro por Exxon Mobil. Estamos ante una reacción gubernamental rapidísima de búsqueda de inversión. El beneficio-costo para el país amerita un análisis aparte, pero dada la cantidad de reservas es previsible que el resultado sea positivo.

La reflexión es que los K han sido muy pragmáticos a la hora de las grandes decisiones de inversiones sobre recursos estatales. Como lo son también a la hora de hacer política con su candidato Massa, hombre negociador que intentará pactar con distintos sectores políticos, sindicales y empresariales, en los que no es del todo mal visto, a pesar de la inflación del 140% interanual. Evaluar lo que ocurre en la Argentina es para no tomar ese tipo de estrategias a la ligera.