Un documento acredita que Loly Herrera Lavado, quien trabaja en el Congreso de la República como asesor de Waldemar Cerrón, hizo este requerimiento debido a que la Fiscalía lo investiga de manera preparatoria por el presunto delito de colusión agravada.

ES ABOGADO DE LA MADRE DE VLADIMIR CERRÓN

Durante el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo, las designaciones de funcionarios cuestionables estaban a la orden del día. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) era uno de los sectores donde se presentaba tal situación. Allí se recuerda que el abogado de la madre de Vladimir Cerrón, hoy prófugo de la justicia tras conocerse el fallo judicial que lo condena a tres años y seis meses de prisión por el caso ‘Aeródromo Wanka’, fue colocado como secretario general el 10 de febrero del 2022. Hablamos de Loly Herrera Lavado.

Infobae Perú accedió a un documento que acredita que el Minem va a desembolsar la ostentosa suma de 120 mil soles para costear la defensa legal de Herrera por la investigación que el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios le sigue por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada. Este asunto está relacionado con los actos irregulares que se dieron durante su gestión como secretario de la cartera, que terminó el 22 de mayo del año pasado con el ingreso de la entonces exministra Alessandra Herrera.

Uno de ellos fue revelado por un programa televisivo, que informó que recibió el encargo de evaluar al ingeniero Melvin Flores Vilca para el puesto de director de Minas. Sin embargo, este personaje habría mentido en su hoja de vida presentada para asumir el alto cargo que, entre algunos requisitos, se pedía como mínimo acumular dos años de experiencia como jefe, director o gerente.

El Minem inició la invitación a quien quisiera ser el letrado de Loly Herrera el 4 de julio. Dos días después definieron desde la Oficina de Abastecimiento y Servicios, a cargo de Magno García Torres, otorgarle la buena pro a Rafael Omar Llanos Gamarra, quien registra haber patrocinado a funcionarios de la Contraloría general de la República.

Además, están los datos de que Llanos fue exjuez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Junín y estuvo ligado a Procuraduría Pública Anticorrupción de esta región. Tiene maestrías en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Complutense de Madrid (España).

El contrato de Llanos con el sector Energía fue suscrito el 18 de julio último y durará hasta el 17 de julio del 2025. Entre las funciones que tendrá será revisar y estudiar el expediente fiscal que involucra al abogado de la madre de Cerrón. Por cierto, el 4 de setiembre se pasó de la etapa preliminar a la preparatoria, tal como consta el registro que adjuntamos en esta nota.

A partir de este complicado panorama judicial para Herrera, su abogado deberá elaborar recursos para su nuevo cliente. Además, asistir a las declaraciones, vista de la causa y otras diligencias que se programen. Toda su actuación tendrá que ser informada al sector que lo contrató.

Herrera también tiene investigaciones en el Ministerio Público por la comisión de los presuntos delitos de omisión ilegal de cargos, peculado, negociación incompatible y concusión.

TRABAJA EN EL CONGRESO Y DEFIENDE A CERRÓN

Ahora, si bien los servidores o exservidores piden la entidad ―a la que pertenecen o han pertenecido― que se financie su defensa legal cuando se encuentran inmersos en investigaciones fiscales, el detalle está en que Loly Herrera se encuentra en un puesto de privilegio en el Congreso de la República. Actualmente, es el asesor de Waldemar Cerrón (Perú Libre) en el despacho de la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva de Alejandro Soto desde agosto. Su sueldo bordearía los 11 mil soles mensuales.

El vínculo de Herrera Lavado con el clan Cerrón empezó cuando ejerció la defensa legal y también fue un alto funcionario del líder de Perú Libre. En enero de 2019 fue designado como gerente general del Gobierno Regional de Junín.

En agosto de aquel año, Herrera solicitó al Quinto Juzgado Anticorrupción del Poder Judicial, en Junín, que se revoque la sentencia de cuatro años de prisión por el delito de negociación incompatible que se le impuso a Cerrón por el caso del saneamiento de La Oroya.

En junio de 2021, Herrera fue uno de los abogados que suscribió el habeas corpus, presentado por Vladimir Cerrón, para liberar a los 27 trabajadores y funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín que, según la Fiscalía, pertenecían a la organización criminal denominada “Los Dinámicos del Centro”.

Incluso, patrocinó a Bertha Rojas, madre de Cerrón, en el proceso por el presunto delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada contra el excongresista César Combina por vincular a su difunto esposo con Sendero Luminoso. La denuncia fue interpuesta en la Corte Superior de Justicia de Junín.

En sus redes sociales, Herrera ha defendido con publicaciones a Cerrón tras recibir su segunda sentencia de tres años y seis meses de prisión efectiva por el presunto delito de colusión agravada en el Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín. Además, se le impuso años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y determinó una reparación civil de 800 mil soles.

“Fuerza mi camarada Vladimir Cerrón, al final la persecución caerá por la fuerza de la verdad y la fuerza del pueblo. Perú Libre no desmayará hasta lograr más allá de la victoria”, escribió en su red social X (antes Twitter) luego de leerse el fallo que rechazó el recurso de apelación del hoy prófugo de la justicia.

Herrera publicó un artículo en el diario Uno, el 10 de octubre, en el que cuestionaba al Poder Judicial por haber impuesto una reparación civil de 800 mil soles a Cerrón y los demás sentenciados por el caso Aeródromo Wanka.

“La imposición de una reparación civil de ochocientos mil soles, sin ningún argumento sólido, no hace más que confirmar la hipótesis de la judicialización de la política y la politización de la justicia, el cual tiene la clara intención de frenar la llegada a la Presidencia de la República al líder favorito de la izquierda”, escribió.