Por: Carlos Meneses

Lo más oportuno es que por decisión propia la Fiscal Suprema de la Nación acuda al concurso de sus similares u opte por renunciar a su cargo para que el Ministerio Público continúe en su labor de esclarecimiento y encargue a los jueces las decisiones pertinentes de acuerdo a ley.

Es evidente que un problema interno que debe ser esclarecido rápidamente y en forma ajustada a ley no puede tener las consecuencias que se observan en el Congreso de la República y no es extraño que tenga repercusiones en el Ejecutivo, como se ha podido apreciar en el presupuesto aprobado de la República.

Lo evidente y necesario es que la Fiscal de la Nación debe ser separada de su cargo por decisión propia y por convenir a los intereses nacionales o por mandato específico de quienes tienen la obligación de poner a derecho toda la organización que ha terminado con la llamada Operación Valkiria V, que ha dañado la dignidad de más de 30 congresistas ahora también cuestionados.

Hay que devolver prestancia y adecuado trato al interior de la Fiscalía y permitir que la Junta Nacional de Justicia intervenga en forma eficaz y pronta en devolver a derecho una institución tan importante y responsable del manejo de asuntos que estaban al borde de llegar al Poder Judicial.

Las repercusiones negativas de esta situación están a la vista y han alterado la vida de la República a extremos tales que el íntegro del Ministerio Público aparece comprometido siendo objeto de incertidumbre.

El Perú estuvo durante años trabajando en la lucha contra la corrupción y no es posible que tengamos el final que ahora se observa. Por el bien del país y de la defensa de la institucionalidad se impone un cambio en la Fiscalía Suprema de la Nación.

Los señores que están a cargo de este tema deben pronunciarse en forma expresa y categórica para devolver a derecho y a plenitud la función que les corresponde.