El expresidente Pedro Castillo Terrones, cuya administración fue interrumpida abruptamente por su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, enfrenta un momento crítico en su proceso judicial. Ayer, el Poder Judicial iba a llevar a cabo una audiencia clave que determinaría el futuro inmediato de Castillo Terrones, que busca revocar su prisión preventiva.

Sin embargo, el magistrado que iba a ver la causa pospuso la audiencia prevista para evaluar el recurso interpuesto por el exmandatario. La decisión del cambio de fecha fue a petición de la defensa de Castillo, argumentando la necesidad de su presencia en las audiencias de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría no se opusieron al ajuste del calendario judicial.

En respuesta a la solicitud del abogado defensor de Castillo Terrones, el juez Juan Carlos Checkley comunicó que la nueva fecha para la audiencia se establecerá “lo antes posible”, con el fin de resolver el recurso presentado.

Este escenario judicial se enmarca en un contexto de alta tensión política en Perú, donde el legado de Castillo y las circunstancias que rodearon su destitución continúan generando debate y división. La figura del vacado expresidente, un exprofesor de escuela rural que ascendió al poder con promesas de cambio profundo, se ha convertido en un símbolo de la agitada política peruana, y su situación legal es observada con atención tanto a nivel nacional como internacional.

Actualmente, Castillo cumple una orden de 18 meses de encierro en el penal de Barbadillo, impuesta en el marco de una investigación por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad, que expirará el 6 de junio de 2024. Esta situación se ve agravada por una segunda orden de prisión preventiva de 36 meses en otro caso, relacionado con actos de corrupción durante su gobierno, lo que lo sindica como líder de una presunta red criminal.