Por Raúl Mendoza Cánepa

En el Perú cualquier cosa puede pasar. Un primer ministro puede patear la puerta del Congreso, exigir la confianza y, ante el silencio, suponer que hubo denegación fáctica; una suerte de silencio positivo que no existe, pero capaz de disolver el parlamento. En el Perú te pueden acusar sin sustento o investigarte años o asumir que un partido es una organización criminal, porque cualquier cosa es organización criminal sin serlo. El gobierno puede indultar por facultad constitucional y el indulto ser contradicho hasta llegar al Tribunal Constitucional (TC) vía hábeas corpus hasta que la Corte IDH “meta su cuchara” contra el recurso, bajar todo al juez ejecutor para que libere porque el TC lo dice y el juez devolver todo porque tiene miedo de arruinar su carrera. 

Enfocando el presente, la Fiscal Marita Barreto investigaba a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como cabecilla de una organización criminal, con organigrama en la pared y la cabeza de Benavides en el vértice, ¿desde mayo? ¿Sin notificación? Lo hacía, además, fuera de la Constitución y del marco legal. Una fiscal provincial ascendida a superior provisional no puede investigar a la Fiscal de la Nación, funcionaria aforada, por lo que todo lo actuado es nulo. ¿Cuántos policías destinaron para seguir a Benavides por un procedimiento nulo? ¿Cien, doscientos, doscientos cuarenta? ¿Cuántos recursos usados para una investigación nula?

El objetivo era lograr una causa condenatoria contra Benavides con el apoyo de un sector de la prensa que generalmente hace comparsa, y que hace del periodismo un juego político. Barreto tenía un cargo de confianza como superior y, sencillamente, la confianza se perdió. De que podían echarla, podían echarla, y no hay recurso que sirva cuando la confianza se pierde.

La Junta Nacional de Justicia hace lo mismo que un sector mediático, crucifica solo porque le interesa. Ya no tiene base para investigar, pero se encarama en procedimientos que no están en la ley, que ella misma inventó en su normativa interna. En el Perú cualquiera se puede cargar la institucionalidad.

Barreto investigaba a Benavides fuera de la Constitución por actos que ella misma decidió. Fue ella quien informó que no había colaboradores eficaces y que el tema de los Niños en el Congreso se caía a pedazos y, por tanto, lo propio era el archivo; pero investiga a Benavides de traficar con los “niños”. No cuadra. ¿Benavides traficando a la sombra con los “niños” para que inhabiliten a Zoraida Ávalos? La hipótesis de la investigación nula se cae: los “niños” ni siquiera votaron por la inhabilitación de Ávalos.

Leo el tuit de un periodista en el que dice que Marita Barreto debe ser legalmente protegida, pues no puede ser echada de una investigación solo porque le pisa los talones a Benavides. Escucho a alguien sostener que en la etapa preliminar de la investigación a un fiscal no se notifica. ¿Qué? ¿No se debería conocer un poco de derecho constitucional?

El problema en el Perú es esa gran fábrica de mentiras que destruye la confianza en las instituciones. Ocurre que la mentira suele ganar cuando tiene demasiados portavoces y cuando la gente suele creer, por ignorancia, a las grandes corrientes mediáticas.

Esa es la republiqueta que fundamos aquicito nomás, en los albores del siglo XXI.