Por: María Rosa Boggio

En un contexto de cambio climático y factores económicos que intervienen en la inseguridad alimentaria, es ineludible reafirmar que la alimentación saludable y la adecuada nutrición constituyen un bien común de la sociedad porque resultan indispensables para la vida y el desarrollo básico de las personas, generando capacidad de desarrollo colectivo y comprometiendo la participación de toda la sociedad. 

En concordancia con esta premisa, el Estado y la sociedad tienen que priorizar el logro de la alimentación saludable y la adecuada nutrición, particularmente en los sectores vulnerables, los más afectados por la inseguridad alimentaria y los problemas derivados de ella, como la desnutrición crónica infantil, la anemia, el sobrepeso y la obesidad.

Un elemento clave para una adecuada alimentación y nutrición es priorizar la producción de alimentos saludables para el mercado interno en la política agraria, pesquera y, en general, en la producción de alimentos.

Para ello se debe apoyar prioritariamente a la agricultura familiar, que produce más del 55% de los alimentos que consumimos, genera empleo rural y contribuye al cuidado de la biodiversidad y el medioambiente. Asimismo, apoyar la pesca artesanal, que genera alimentos altamente nutritivos y mayor empleo que la pesca de anchoveta para exportación. Urge que el Estado invierta sustantivamente en la promoción de la productividad, inocuidad y sostenibilidad de ambos sectores, facilite la comercialización de sus productos y promueva su consumo.

Desde Perusan, iniciativa de la sociedad civil que busca incidir en políticas que contribuyan al logro de la seguridad alimentaria y nutricional en el país, promovemos propuestas de corto, mediano y largo plazo que aseguren alimentación saludable y adecuada nutrición para todos.

En lo inmediato, y frente a la crisis actual, proponemos medidas de mitigación y prevención, entre ellas: ampliar la asistencia alimentaria a la población vulnerable; apoyo a la generación de ingresos en el sector urbano; apoyo de emergencia a la agricultura familiar y pesca artesanal, con créditos, asistencia técnica; reparación y protección de la infraestructura productiva ante el Fenómeno El Niño y el cambio climático; como también, asesoría en siembra de alimentos saludables y en la pesca sostenible.

Asimismo, es necesario impulsar políticas de mediano y largo plazo, entre las más importantes: la efectiva implementación de la Ley 30355, de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, así como de la Ley que establece las 5 millas y el ordenamiento de la pesca artesanal, y la Ley de compras estatales de alimentos a la agricultura familiar y pesca artesanal. Es necesaria la implementación de circuitos cortos de comercialización por los gobiernos locales y la ampliación del Programa Nacional Qali Warma, incluyendo la compra de alimentos frescos a los productores locales. Finalmente, potenciar la educación y seguimiento nutricional e implementar la Ley 30021, de Alimentación Saludable, sin excepciones, aplicando los estándares de la OMS. La nueva Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional debe ubicar estas medidas en un marco de transformación del sistema alimentario con amplia participación de la sociedad civil.