A pesar de los serios cuestionamientos en el proceso de ascensos de los últimos años en la Policía Nacional del Perú (PNP), esta vez, el alto mando institucional no marcó distancia de esta práctica perniciosa y más bien, aparentemente, busca consolidar el ascenso de un grupo de comandantes al grado de coronel, que sin cumplir los requisitos establecidos por ley, estarían siendo beneficiados de manera grosera, perjudicando a otro grupo de oficiales competentes.

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De acuerdo a los documentos a los que ha podido acceder Expreso, este año, se destinaron 80 vacantes al grado de coronel y la lista de oficiales que ascenderían a partir del 1 de enero de 2024 ya se ha hecho pública, sin embargo, varios de los oficiales que habrían sido beneficiados con el ascenso incumplen los requerimientos establecidos.

De acuerdo al Decreto Legislativo N.° 1149 – “Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú” y la Directiva N° 05-2023-CG-PNP/DIRREHUM-B – “Lineamientos para la Ejecución del Proceso de Ascenso por Concurso de Oficiales de Armas y de Servicios de la PNP. Año 2023 – Promoción 2024”. En ambas normativas se señala el tiempo mínimo de servicios prestados “real y efectivo” en regiones fuera de Lima y Callao, que deben cumplir los oficiales PNP para su ascenso inmediato al grado superior, que en el caso de quienes ascienden al grado de coronel es de 5 años o 60 meses reales y efectivos.

Sin embargo, en un acto “extraño” y arbitrario, se ha obviado este requisito mínimo en algunos oficiales, que de consentir el ascenso, perjudicaría directamente a otros oficiales que sí cumplen con el tiempo exigido de servicios en el interior del país.

MANIPULAN REPORTES

Fuentes dignas de todo crédito señalan que no se habría realizado la verificación o contraste de los Reportes de Información Personal (Riper) contra el legajo físico de los oficiales postulantes. Por ello se viene denunciando la posible alteración y manipulación de estos reportes en el sistema, por lo que, han solicitado al Comandante General de la PNP, Jorge Angulo, de acuerdo a la Ley de Transparencia, se publiquen las actas de la contrastación de los Factores de Evaluación (Desempeño Técnico, Formación Académica, Experiencia para el Servicio Policial y el Factor de Moral y Disciplina) existentes en el sistema Riper, contra su legajo físico.

Ante el escándalo y la impunidad con la que se viene actuando, el teniente general PNP (r) Edgardo Garrido López señala que este tipo de cuestionamientos y actos ilegales en el proceso de ascensos en oficiales de la Policía genera un desprestigio a la institución, por lo que indica que se debería identificar a los responsables que han manipulado el sistema. Lamentablemente, esto no es un error, en un manoseo dirigido, lo cual se convierte en un delito.

Garrido señaló que en este proceso de ascensos debe respetarse los principios rectores, como la legalidad, porque todo el proceso debe estar respaldado por la ley y acá la están violando. También debe respetarse el principio de igualdad entre todos los oficiales, tampoco se les puede discriminar por ser amigos o recomendados.

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Se supo que con la resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional N° 426-2023-CG PNP/ SECEJE-DIRREHUM, del 02NOV2023, se modificó la RCG N° 355-2023-CG PNP/SECEJEDIRREHUM, del 08SET2023; en el extremo de ampliación y asignación de vacantes para el proceso de ascenso por concurso de Oficiales de la PNP, se decidió ampliar vacantes de coroneles de 70 a 80, favoreciendo directamente a los comandantes PNP Daniel Ulises López Saenz (puesto 76) y Rocío de los Milagros Mayhua Rivera (puesto 78), ambos parte del equipo de la PNP asignado a la presidenta Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno.

Ante la insatisfacción de los oficiales que sí deberían ascender porque cumplen los requisitos exigidos por ley y que han sido rezagados en el cuadro de méritos, varios de estos han decido presentar acciones de amparo ante la Corte de Justicia de Lima para que no se consolide esta ilegalidad. El alto mando de la PNP tiene la palabra y debería corregirse este hecho doloso antes del próximo 1 de enero.