Por Jorge Turpo Rivas

Un transportista fue asesinado por sicarios y las alarmas se encendieron. El gerente de la empresa AQP Masivo, Marta Santos, sostiene que el alcalde, Víctor Hugo Rivera, ha empoderado a los transportistas informales y eso generará más violencia si no se asumen medidas urgentes.

MUNICIPIO NO LOGRÓ PONER ORDEN

Todas las unidades de transporte de la empresa Cotum lucen desde ayer una inscripción en su ventana posterior que dice: “Carlitos por siempre”. Es en alusión a Carlos Gonzales Amado, un socio de la empresa, asesinado el domingo por tres sicarios que llegaron a su cochera para dispararle a quemarropa.

Este crimen ha generado la preocupación en los empresarios y trabajadores del Sistema Integrado de Transportes (SIT) que temen por su seguridad ante el avance de la delincuencia organizada.

Marat Santos, gerente de la empresa AQP Masivo, indica que se sienten inseguros y desprotegidos porque las amenazas van en aumento al igual que el transporte informal que se va adueñando de las rutas concesionadas.

Desde marzo último, recuerda Santos, denunció y advirtió públicamente que la actual gestión del alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, viene respaldando y empoderando al sector informal del transporte lo que desencadenó que empiecen a cobrar cupos, sobre todo en rutas al Cono Norte y se llegue a dar paso a la criminalidad.

“Todo esto sucede porque el alcalde ha dado un discurso político a favor de ellos (transportistas informales). Él sabe que no puede darles permisos por los contratos de concesión, pero políticamente ya dio el discurso, los empodera y se sienten con la potestad de hacer lo que les venga en gana y ahora hasta posiblemente a contratar sicarios para cobrar cupos en el Cono Norte, eso ya es un tema mayor”, dijo Santos.

El empresario agrega que, tras el asesinato de Carlos Gonzales, hay informales que se han empezado a atribuir el crimen y lo hacen saber a través de las redes sociales.

“No sabemos hasta qué punto este crimen haya sido promovido por los informales, pero se lo están atribuyendo y eso genera mucho temor entre los transportistas. En mi persona, me siento muy inseguro porque nos han hecho llegar mensajes por WhatsApp donde nos dicen que seguimos nosotros, que ya no somos intocables, matonería pura. Ojalá sólo sea una amenaza, pero genera temor por nuestra familia”, comentó.

Lo grave, explica Santos, es que no sólo están expuestos los transportistas y dirigentes, sino también los usuarios del servicio de transporte público porque si no pagan los cupos que exigen, puede haber asaltos a las unidades y los pasajeros serán las víctimas.

“El alcalde debe deslindar con la informalidad, ser preciso en eso, caso contrario lo que viene es la inseguridad total en el transporte”, advierte Santos.

AÑO PERDIDO

Cuando Marat Santos dice que el alcalde provincial empoderó a los transportistas informales, se refiera al anuncio de la autoridad municipal de entregarles permisos temporales, lo cual no se cumplió porque es legalmente imposible debido a que existen contratos firmados con las empresas del SIT.

Lo real y concreto, como apunta la regidora Mayra Sumari, es que el 2023 ha sido otro año perdido para intentar dar solución al caos del transporte público en la ciudad.

“La demostración está en que se anuncian medidas que luego no se cumplen como los supuestos permisos temporales que se iban a entregar a los transportistas informales”, dijo la regidora.

En esas circunstancias surgió una idea desde la Municipalidad de Cayma que propone una especie de modelo mixto de transporte donde convivan los formales e informales.

El consultor en temas de transportes, Geoffrey Rivas, que participó en la elaboración de esa propuesta, sostiene que ya es imposible retirar a las unidades informales porque cubren más del 60% de la demanda del servicio.

“Hay rutas que las empresas formales no cubren ni cubrirán con sus unidades. Desde el 2018 no acreditan ni una sola unidad más en el SIT, entonces aquí lo que importa es la población que requiere el servicio, entonces hay que pensar en cómo articulamos la operatividad del SIT y las unidades informales que cubren gran parte de la demanda”, dijo Rivas.

Para Marat Santos, ese modelo es inviable porque atenta con el contrato de concesión de rutas que tienen las empresas. Lo que propone es que la Municipalidad disponga la fase de operatividad del SIT (actualmente está en la preoperatividad) y con eso establecer que la empresa que no cumple con las condiciones del servicio se le rescinde el contrato de concesión.

“No se puede hablar de un modelo que integre a los informales porque va en contra el contrato. Pero lo que preocupa es que la Municipalidad no da medidas al respecto, es como si se mantendría al margen y que todo siga como está, una especie de a ver quién aguanta más”, dice Santos.

Mientras no se dictan medidas efectivas para solucionar el caos del transporte, la criminalidad organizada avanza en este sector y la escalada de violencia puede llegar a perjudicar a los pasajeros. El alcalde, Víctor Hugo Rivera, tiene la obligación de ser claro con la ciudadanía y evitar que se agrave esta situación.