Después de que la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios ha tomado las riendas del caso de presunto direccionamiento en la adquisición de 25 patrulleros, el presidente del consejo regional, Miguel Ángel Linares Riveros, solicitó el cese inmediato de los funcionarios involucrados en el proceso de contratación. Especialmente cuando, pese a la nulidad, el Consorcio Virgencita de Chapi podría continuar postulando a la nueva convocatoria de postores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). 

«Me preocupa que el comité que es actualmente investigado por la Fiscalía sea el mismo que deba pronunciarse por la licitación. No puede ser. Hago un llamado al gobernador (Rohel Sánchez) para que cese inmediatamente a los tres integrantes y nombre a un nuevo Comité Especial de Selección.(…) Más aún, cuando en los próximos días, seguramente, llamarán a los involucrados para que rindan sus declaraciones y probablemente visiten la sede del GRA para recabar información y pruebas del presunto direccionamiento», sostuvo Linares Riveros. 

Las personas incluidas en la investigación son los integrantes del Comité de Selección: David Robert Sucapuca Camacho, Manuel Antonio Torres Montoro y Gabriel Ramiro Damiani Lazo como autores y Edward Ricardo Cárdenas Carpio –representante del Consorcio Virgencita de Chapi– en calidad de cómplice en el presunto delito de Colusión Simple. Si se demostrase el acto de direccionamiento y negociación incompatible, los involucrados podrían ser condenados con una pena privativa de la libertad de un mínimo de 4 años y máximo de 6.

Al respecto, el jefe de Logística y Patrimonio del GRA, José Augusto Zeballos Banda, informó que Sucapuca Camacho (especialista en contrataciones públicas que presidió el comité de selección de los 25 patrulleros) ya no ocupa ningún cargo dentro del Ejecutivo regional, pues optó por culminar su contrato. Asimismo, informó que el comité de selección –en conjunto– está próximo a ser reconformado, aunque aún no se efectúa dicho cambio. 

«La nulidad es un acto administrativo que permite retrotraer los procedimientos de selección hasta el punto donde ocurrió la observación o irregularidad. (…) Con esta acción no se le da –necesariamente– una nueva oportunidad al consorcio, porque la nulidad también implica un proceso en que la empresa pueda retirarse», aseguró Zeballos Banda.

No obstante, de acuerdo al presidente del CRA, si no se incluye un impedimento, el Consorcio Virgencita de Chapi podría postular nuevamente. Por ello, recomendó incluir en las bases de contratación una cláusula que detalle que no se admiten postores con pleitos pendientes con la entidad. Misma que impediría que el Consorcio pueda postular y promovería, a su vez, la transparencia de la entidad. 

Debido a la gravedad del caso en investigación, para Linares Riveros existiría la posibilidad de que los involucrados se acojan al beneficio de colaborador eficaz y ayuden a desenmarañar todas las irregularidades que podrían estar ocurriendo al interior del Ejecutivo regional.

«No creo que sea un caso aislado. Como ocurre en otras investigaciones a nivel nacional, es posible que hayan varios casos y hace falta investigar más», finalizó.