Denuncian pérdida de documentación sobre responsables de hospitales paralizados 

Durante la presentación del informe final sobre los centros de salud paralizados en Arequipa, la consejera regional Norma Ortega aseguró que documentación clave para determinar a los responsables está desaparecida.

SON CLAVES PARA DETERMINAR SANCIONES

La Comisión determinó que existen indicios suficientes para hablar sobre responsabilidades penales que originaron el aplazamiento indebido en la ejecución de los centros de salud Maritza Campos (Arequipa), Chala (Caravelí), Cotahuasi (La Unión) y Camaná, mismos que debieron ser entregados hace años, pero están paralizados y otros en proceso de culminación. 

«Para realizar el informe hicimos más de 20 requerimientos de información respecto a los perfiles técnicos, informes de compatibilidad entre perfiles y expedientes técnicos. Respecto a algunos de ellos se nos respondió que estos no se encuentran dentro del archivo del GRA. Por eso nos encontramos buscando el acceso para que los contratistas nos brinden la documentación», aseguró la consejera y presidenta de la comisión especial de los centros de salud paralizados, Norma Ortega Valdivia. 

Además, la presidenta de la comisión aseguró que existen indicios suficientes para determinar responsabilidades administrativas y posiblemente penales de parte de los gerentes de Infraestructura y Supervisión en funciones durante los períodos 2018-2019 y 2021-2022. No obstante, debido a la falta de documentación concluyente no es posible determinar los nombres y apellidos de los funcionarios que habrían cometido las irregularidades. 

«Es necesario resaltar que para determinar las responsabilidades penales que corresponde, porque estaríamos hablando de una desaparición de documentos y un hurto de ser el caso, aún es necesario seguir indagando para continuar acompañando el proceso de pérdida. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta formal por parte de la Gerencia de Infraestructura, pero cuando acudieron los funcionarios nos dijeron que no la tienen», sostuvo Ortega Valdivia. 

Al respecto, la consejera informó que existen rangos y jerarquías dentro de la administración pública, por lo que existe la posibilidad de determinar responsabilidades políticas de parte de las autoridades que permitieron dichos procesos (las exgobernadoras regionales Yamila Osorio y Kimmerlee Gutiérrez). No obstante, resaltó que como comisión su labor es visibilizar las irregularidades y remitirlas a los operadores de justicia para que ellos puedan determinar la responsabilidad final. Por ello, una de las conclusiones del informe es remitir la documentación a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría Pública Anticorrupción para el inicio de las acciones legales correspondientes contra los funcionarios que resulten responsables. 

Al ser consultado al respecto, desde la Gerencia Regional de Infraestructura aseguraron que no hubo ocultamiento de información, sino que dicha información ya no está a su cargo.

«De acuerdo a las directivas, tenemos la información de tres años de antigüedad. La demás se almacenan en el archivo central. Entonces, de alguna manera, se estaría solicitando dicha información al área equivocada. La transferencia está documentada, así que eso se puede verificar fácilmente», sostuvo el gerente regional de Infraestructura, Alfredo Zirena Uria.

Asimismo, el exgerente general del GRA, Yoni Apaza Quispe, aseguró que no habría intensión de ocultamiento alguna e invitó a que se solicite la información presuntamente ocultada a los involucrados.

«Todo se ha entregado, todo ha sido transparente. Hemos impulsado a que continúe para que se logre (posteriormente) el destrabe de los hospitales. (…) Cada funcionario hizo la entrega de su cargo con la información debida. Me sorprende la posible desaparición de documentación, pero en ese caso habría que citarse a los funcionarios a cargo de cada equipo», sostuvo el exgerente general del GRA, Yoni Apaza Quispe. 

Aunque ya se presentó el informe final, la comisión de los hospitales paralizados solicitó un plazo complementario de 180 días para realizar un reporte más concluyente, pues actualmente se vienen efectuando los inventarios de los cuatros centros de Salud. 

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