Por Carlos Hakansson El Montonero

Un nuevo año ha comenzado, pero la crisis política de casi ocho años continuará si no encontramos los medios para ponerle fin. Es una crisis que se administra con un mismo relato que se repite una y otra vez, tantas veces como haga falta, para mantener unas cuotas de poder para perseguir a los enemigos, influir en los resultados electorales y generar un clima de pesimismo en la ciudadanía. El caso de megacorrupción más grande de nuestra historia revela la gravedad del problema que nos impide alcanzar la estabilidad política. Se nos ha hipotecado a una poderosa transnacional como a ningún otro país en la región. Con la diferencia que los estados donde también opera, sus responsables sí fueron juzgados y purgan condena.

Un “titiritero”, la “mano que mueve la cuna” o el “dueño de la pelota”, con apoyo de una organización no gubernamental asociada con sus intereses, controla un sector importante de la judicatura y el ministerio público; produce historias mediáticas para perseguir a cualquier opositor; también difama y destituye a jueces y fiscales a través de organismos constitucionales autónomos creados ad hoc para sus propósitos, pues, de lo contrario, su plan no sería viable y la política carece de casualidades. Por eso, tenemos ex jefes de Estado y burgomaestres en sus casas, con permiso de salir del país gracias a un “indulto fáctico”. En resumen: ningún responsable juzgado, sentenciado y purgando condena.

Se trata de un alto grado de corrupción dentro de la administración pública: somos un país secuestrado, hipotecado a la corrupción, sumado a una crisis de representatividad agravada con la no reelección inmediata de congresistas que afectó al remanente de nuestra clase política. Otra víctima de la crisis fue la verdad, lo que ha dejado herida con gravedad al periodismo nacional; salvo contadas excepciones, vivimos la desinformación a pesar de las modernas redes sociales que hoy nos permiten comunicarnos instantáneamente.

En este escenario se ejerce presión al Congreso esperando, o construyendo, un escándalo con el propósito de adelantar las elecciones generales bajo las mismas reglas electorales: más de veinte candidaturas para recuperar el espacio político por medio de lo mejor que saben hacer: polarizar el país en la segunda vuelta presidencial, brindar asistencia político-mediática al ganador o ganadora alineado a la trasnacional todopoderosa, medrar del poder, seguir persiguiendo a sus opositores y sólo ocupándose de consolidar una agenda progresista alineada al globalismo internacional.

La resiliencia tiene sus límites, hasta ahora desconocidos por la capacidad peruana de soportar condiciones políticas, económicas desfavorables, más el desempleo, inseguridad ciudadana y rebrote de una variante del covid-19, entre otros males. La solución no se reduce a esperar que alguien confiable, honrado, preparado y con ideas claras aparezca de pronto a final de campaña y gane en segunda vuelta, sin políticos profesionales en el Congreso ni cuadros profesionales para ubicarlos en puestos clave del gobierno. El problema de fondo se resume en lo siguiente: el secuestrador que nos tiene casi ocho años paralizados como Estado, demanda la impunidad, a la vez del propósito de seguir operando en el país “poniendo y sacando presidentes”.