Por: Luis Luján Cárdenas

Siempre he planteado que el agua es el recurso natural estratégico más importante para el desarrollo social, la supervivencia humana y la conservación del planeta. Ante su escasez, contaminación y efectos del cambio climático, pronto será más valiosa que el oro o el petróleo, y será motivo de conflictos sociales e incluso guerras. Su cotización desde el 2018, en la Bolsa de Valores de Nueva York, es un mal presagio.

En Perú, debido a su ingente riqueza hídrica, la reacción fue casi inmediata ante este hecho económico que podría incidir seriamente en el futuro global. En abril del 2021, el congresista del Frente Popular Agrícola del Perú Alfredo Benites Agurto presentó el proyecto de ley N° 7579/2020-CR, que propone crear el ministerio del agua para establecer una “política hídrica que regule la accesibilidad a los servicios públicos hídricos y conserve las fuentes acuíferas”, protegiéndolas ante “elevados intereses de gobiernos extranjeros”, que podrían generar “un condicionamiento a las políticas nacionales”, refiere su texto.

Creo que es una propuesta osada, pero viable y necesaria si el Gobierno se animara a un tránsito ecológico a mediano plazo. Liliana Miranda (2021) y la catedrática de la Universidad de Ámsterdam, Isa Baud, cuestionan en Configuración de la gobernanza del agua: actores, redes, territorialidades y resultados en Lima, Perú, las “complejas redes de gobernanza del agua” y la superposición“ entre las diferentes organizaciones, sus diferentes mandatos, discursos, relaciones de poder, flujos de conocimiento en las políticas, los territorios que reconocen y/o ignoran, y los resultados desiguales que producen (…). Una tesis radiográfica valedera.

El ministerio del agua integraría a ese conglomerado de instituciones y normas que enmarañan el sector agua y la gobernanza hídrica. La gestión del agua tendría mayor fortaleza pública e incidencia en el medioambiente, aunque el proyecto responde a la preocupación de la negociación del agua en la Bolsa, que ocasionaría mayores problemas de contaminación, despilfarro, especulación, escasez, acaparamiento y/o monopolización, lo que influiría en su precio, deformando su esencia de bien público y derecho humano, consagrado por las Naciones Unidas.

Lo cierto es que es una iniciativa que debería allanarse al debate público en momentos críticos del agua, que en 159 unidades hidrográficas poseemos una oferta hídrica de 1 millón 935 621 millones de metros cúbicos de agua.