Alrededor de 119 obras ejecutadas en Arequipa han sido observabas por la Contraloría en 2023

La falta de aplicación de penalidades es unas de las acciones irregulares más recurrentes

Por: Jean Carlo Frisancho

La Contraloría General de la República, en sus más de 2749 informes del 2023, señaló a unos 401 funcionarios como presuntos responsables de malos manejos de recursos públicos. Estas conclusiones surgieron de 119 Auditorías de Cumplimiento y Control Específico, las cuales identificaron obras con perjuicios económicos en toda la región.

Durante estas evaluaciones, se realizaron 126 observaciones y se formularon 270 recomendaciones. El monto total controlado ascendió a S/ 1 258 615 919, con un monto observado de S/ 171 355 949.10. Se identificó un perjuicio económico de S/ 78 261 562.5.

Gerente regional de Control de Arequipa, Hugo Ponce Cámara

Del total de 401 funcionarios que se encuentran bajo investigación por presunta responsabilidad están distribuidos en distintas áreas. De ellos, 195 enfrentan posibles consecuencias a nivel administrativo, 81 a nivel administrativo del Personal Administrativo de Servicios (PAS), 192 a nivel civil y 170 a nivel penal.

La dimensión de los resultados en el departamento de Arequipa para el año 2023 alcanza un total general de 2,729 intervenciones. Este conjunto se distribuye en solo 15 actividades de control previo, 1,824 operaciones de control simultáneo y 890 acciones de control posterior.

Problemas más recurrentes

Entre los problemas más recurrentes en la gestión pública en la región, se destacan perjuicios económicos significativos, originados por pagos indebidos, excesivos e inaplicación de penalidades en diversos proyectos. Además, se identifican irregularidades en los procesos de contratación, como la no admisión de ofertas más económicas y la sobrevaloración de obras.

En Arequipa identificaron la instalación defectuosa de tuberías en el proyecto del río Arma

Otro hallazgo común es la falta de cumplimiento de plazos, demoras en trámites administrativos y ampliaciones de plazo injustificadas, generando perjuicios económicos adicionales. Se observa la adquisición de equipamiento inadecuado y la inaplicación de penalidades a contratistas a pesar de incumplimientos, evidenciando debilidades en la supervisión y conformidad de obras.

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