Por: Carlos Meneses

Es de esperar que el resultado final favorezca los derechos legítimos e igualitarios del jugador como del que asiste a todo ciudadano peruano.

El problema surgido con Paolo Guerrero terminará de alguna manera con una decisión sobre su futuro, pero no existe duda alguna de que, en la divergencia, por él provocada, ha resultado dañado el Perú.

Ahora se habla, por los menos, en América Latina donde el nombre de Paolo no es desconocido que en nuestro país hay violencia, que, por cierto, más convendría negarla que incrementarla con la denuncia de Doña Peta y las amenazas por ella recibidas.

También es inocultable que cualquiera que sea el final de este desencuentro, el único más perjudicado en la diferencia es el propio Guerrero que bien debió pensar sobre las consecuencias de un escándalo que llegó primero a los estadios y después al Ministerio del Interior.

No se puede ocultar el sol con un dedo, pero tampoco había necesidad de provocar un escándalo alrededor de lo que bien pudo manejarse con prudencia y sabiduría. Los derechos y el bienestar que reclama para sí el 9 de la selección peruana tienen que respetarse igual que los que corresponde a cualquier peruano.

Tenía tanto derecho el ciudadano que quería contratar el equipo trujillano como cualquier otro peruano que está amenazado por violencia y que debe ser protegido por el Estado o por su contratante.