Por: Carlos Meneses

Es mejor que en futuras modificaciones del gabinete ministerial se investigue a los ciudadanos escogidos para no terminar siendo descubiertos en vinculaciones que ahora tienen que explicarse.

Cuando Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República, luego de fracasar el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, incorporó en la juramentación de los miembros del gabinete ministerial un agregado que no existía y que está referido a la promesa que hace el escogido para un ministerio de no cometer actos de corrupción.

Eso significa que previamente los ciudadanos elegidos han sido investigados, pero en la práctica y en varios casos es evidente que asumen el compromiso sin que se realice tal averiguación.

Las consecuencias saltan a la vista como es el caso de lo infelizmente ocurrido con la cartera ministerial de Energía y Minas. El señor Rómulo Mucho prestó juramento de ley y a través de un medio periodístico el país se ha informado que el responsable del citado ministerio es un empresario relacionado con el sector económico más importante del país.

La investigación periodística a la que aludimos obliga a preguntarse cuáles son las responsabilidades del señor Mucho en este tema, puesto que una mejora económica sustantiva en la política hasta ahora seguida está sin duda vinculada a un incremento en la producción minera y a un cese de los dineros que el Estado entrega a Petroperú para seguir financiando a una empresa virtualmente quebrada.

Aquí hay responsabilidad de varios y una parte de ellos son la jefa de Estado y el presidente del Consejo de Ministros, así como el aparato de investigación que se requiere para evitar el descalabro que significa conocer después de producidos los nombramientos lo que se reveló a la ciudadanía por un medio de comunicación que no es político, sino realmente independiente.