La Comisión Permanente del Congreso aprobó  ayer acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años a los magistrados del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

Tras el debate en dicha sesión, se votaron las recomendaciones del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento aplicadas a cada uno de los magistrados de la JNJ. En ese sentido, con 21 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, se aprobó acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años a la expresidenta de la JNJ, Imelda Tumialán.

Acto seguido, con 18 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, la Comisión Permanente aprobó la misma sanción contra el vicepresidente de la entidad, Aldo Vásquez. Tras ello, con 18 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, se decidió lo mismo contra el exmiembro de la junta, José Ávila, quien renunció al cargo la semana pasada. 

Asimismo, con 20 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones, se aprobó acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años al presidente de la JNJ, Humberto de la Haza. La misma medida se impuso contra María Zavala, Guillermo Thornberry y Luz Tello con el mismo resultado: 19 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones.

Tras las votaciones, el referido informe final quedó habilitado para ser visto en el próximo pleno del Congreso. Al respecto, fuentes de RPP indicaron que dicha sesión plenaria sería convocada por el titular del Parlamento para el próximo 6 de marzo.

LA DEFENSA

Al inicio de la sesión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), dio cuenta del proceso llevado a cabo contra la JNJ a partir de la denuncia constitucional 373 presentada por el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular).

Además, el congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo) dio lectura a las conclusiones del informe final, que fue aprobado en la subcomisión, el pasado 16 de febrero. 

Tras ello, le fue concedida la palabra al abogado Samuel Abad, quien expuso 10 argumentos de defensa del accionar de la JNJ respecto al límite de edad de la magistrada Luz Tello.

En ese sentido, señaló que a Tello de Ñecco se le tomó juramento por un periodo de 5 años, no por 8 meses, tiempo en que cumplía más de 75 años. Además, cuestionó que el informe sustentado por Esdras Medina solo consignó las opiniones de tres miembros de la Comisión Especial que seleccionó a los magistrados en el 2020, más no a aquellos que tenían opiniones discordantes de la denuncia constitucional. 

“Para la Comisión Especial era clarísimo que la designación era por 5 años, y no era un límite de permanencia sino de acceso. En consecuencia, el hecho de que hayan cambiado de opinión algunos integrantes de esa Comisión Especial no desvirtúa los argumentos de ese momento, y lo que ocurre es que sencillamente el informe de la SAC peca de parcialidad porque no cita a todos los integrantes de esa Comisión Especial, sino que cita a los que cambiaron de opinión o tenían una opinión discrepante”, alegó el jurista.

“Toda la opinión pública conoce que le tomaron juramento por 5 años, que el señor Blume, al momento de entrevistarla, dijo que era por 5 años; que el señor Jorge Alva, integrante de la Comisión Especial, dijo que era por 5 años. En consecuencia (…), no hay unanimidad (de criterios), como se afirma en el informe de la subcomisión”, resaltó. 

A continuación, se le cedió la palabra al abogado de la magistrada Luz Tello de Ñecco, Omar Cairo, quien indicó que había 10 causales de vacancia para los magistrados de la JNJ, y ninguna estaba relacionada «con la edad».

«Mi patrocinada no podía salir de su cargo ni por renuncia porque no está obligada, ni por ser vacada porque no se le inició ningún proceso de vacancia, ni podía iniciársele proceso de vacancia (…) Lo que tendría que haber hecho mi patrocinada es delinquir, tendría que haber cometido el siguiente delito: abandono del cargo”, indicó.

“Para evitar la inhabilitación, mi patrocinada tendría que haber ido a Santa Mónica, tenía que haber cometido un crimen. Esto es demasiado absurdo por una razón muy sencilla: no cometió una infracción a una norma que no está dirigida a ella. Y habiendo sido nombrada en su cargo con el acierto de la comisión de entender que se le nombró por 5 años y no por 8 meses, no tenía forma de salir del cargo (…) Lo único que le habría quedado para evitar esta imputación era delinquir”, explicó. 

Además, intervinieron el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, y el presidente de la entidad, Humberto de la Haza. Tras ello, el presidente del Parlamento les pidió abandonar el hemiciclo para proceder al debate y votación de los legisladores.