Piura, Cusco, Áncash, Callao y La Libertad son regiones que perdieron más de S/ 1000 millones en 2023. El gasto anual en consultorías equivale a la mitad de la brecha de pobreza, advirtió Shack Yalta.

POR CORRUPCIÓN

La Contraloría General de la República calculó que el costo de la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023 habría significado un valor aproximado de S/ 24 268 millones, lo que significó un nivel de incidencia del 12.7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante el año pasado y eso refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones del año 2022, informó el contralor general, Nelson Shack, durante una jornada informativa con medios de comunicación.

“En el año 2019 la tasa de incidencia de 14.9%, es decir que casi S/ 15 de cada S/ 100 se perdían por corrupción e inconducta funcional y para el 2023 hemos visto que estamos en S/ 12.7. En términos de dinero, antes perdíamos S/ 23 297 millones y en el 2023 hemos perdido alrededor de S/ 1000 millones más, pero eso se debe a que han pasado cinco años más y el crecimiento del presupuesto ha sido muy significativo, entonces hay una tendencia decreciente y eso es indiscutible”, acotó.

El titular de la Contraloría precisó que del monto calculado para el 2023 aproximadamente S/ 11 992 millones corresponden al Gobierno Nacional, lo que significó un nivel de incidencia del 11.3%, seguido de S/ 7615 millones a nivel de los gobiernos regionales con una incidencia de 15.4% y S/ 4660 millones registrados en los gobiernos locales, cuya incidencia es de 13.1%.

Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional del 2023 se registró principalmente en Inversión con S/ 8963 millones (incidencia de 17.5%), seguido de Abastecimiento con S/ 8836 millones (incidencia del 17.2%) y Recursos Humanos con S/ 6469 millones (7.3%).

RANKING

En el 2023, la región que registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional fue el Callao, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17.9% del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción en el año pasado.

El segundo lugar fue para la región Tumbes con una incidencia de 17.5%, seguido de Ucayali (16.5%), Piura (16.2%), Áncash (16.2%), La Libertad (15.2%), Madre de Dios (15.0%), Huánuco (15.0%), Loreto (14.8%) y con Apurímac (14.4%) se completan las primeras diez posiciones.

Sin embargo, las posiciones cambian si se observa el monto del perjuicio extrapolado y colocan a Piura en el primer lugar con S/ 1501 millones de pérdida por efectos de la corrupción y la inconducta funcional del 2023, seguido de Cusco con S/ 1352 millones, Áncash con S/ 1311 millones, Callao con S/ 1227 millones y La Libertad con S/ 1131 millones. Las otras regiones que completan las diez primeras ubicaciones del perjuicio extrapolado son Arequipa (S/ 928 millones), Puno (S/ 887 millones), Cajamarca (S/ 813 millones), Loreto (S/ 800 millones) y Junín (S/ 671 millones).

“La corrupción es mucho más que el manejo de recursos públicos. Hay muchos problemas de corrupción en muchos sectores del Estado peruano donde no se manejan recursos públicos como los problemas en el sistema de justicia, la emisión de licencias, entre otros”, puntualizó.

Existen 5436 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, 2002 tienen responsabilidad administrativa sujeta al Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría, 3394 tienen responsabilidad civil y 4030 tienen responsabilidad penal. Cabe precisar que un mismo funcionario podría registrar más de un tipo de responsabilidad.