La organización perdió la acción de amparo ante el Tribunal Constitucional, desestimando la propiedad de 70 mil hectáreas.

Por: Jean Frisancho Sonco

La procuradora del Gobierno Regional de Arequipa, Amparo Begazo, ha confirmado la recepción de la resolución del Tribunal Constitucional que invalida la acción de amparo presentada por el Comun de los Zeballos. Esta acción legal impedía al gobierno regional llevar a cabo el desalojo de las 70 mil hectáreas ocupadas en los distritos de Cerro Colorado, Yura y Uchumayo. Con esta resolución, los terrenos ahora pueden ser desalojados sin posibilidad de apelación.

A partir de este mes de marzo, se iniciarán los desalojos para recuperar los terrenos pertenecientes al Gobierno Regional. Los dirigentes ahora carecen de opciones legales adicionales, ya que las resoluciones del Tribunal Constitucional son inapelables. Según la procuradora, el proceso ha pasado por primera y segunda instancia, donde la justicia respaldó consistentemente la posición del Gobierno Regional.

Desde 2022, el Comun de los Zeballos emprendió una batalla legal por el territorio en cuestión, llegando incluso a vender numerosos lotes durante el proceso. La procuradora destaca que, a pesar de los pagos realizados por quienes adquirieron estos terrenos, no podrán ejercer ningún derecho sobre los mismos. La razón es que la propiedad de estos terrenos únicamente puede ser otorgada por el Gobierno Regional.

Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda

En el expediente N° 02407-2023-PA/TC, el tribunal resalta que, a pesar de los diversos documentos presentados por el Comun de los Zeballos y su representante Omar Zeballos Aguilar, no cuentan con los permisos necesarios. El plano presentado abarca concesiones mineras, unidades catastrales y terrenos eriazos, requiriendo un análisis más detenido. En consecuencia, el tribunal considera improcedente la acción de amparo.

La procuradora también anunció que se recuperan durante el año 35 partidas registrales, en las provincias de Arequipa, Caravelí, Camaná e Islay. Además la procederán con las respectivas denuncias contra los posibles dirigentes implicados en el tráfico de terrenos. Finalmente, recordó que los terrenos no pueden ser comprados a asociaciones.