Por Ántero Flores-Aráoz

El Perú, como sabemos, cuenta con gran potencial minero, pues tiene el privilegio de contar con la cordillera de los Andes, con tres ramales que van de norte a sur, con ingentes minerales metálicos y no metálicos, entre los que se encuentra el oro, el que además se extrae por diversos sistemas en infinidad de ríos, como por ejemplo en el departamento de Madre de Dios.

En la minería aurífera hay empresarios mineros de todo tamaño, grandes, medianos y chicos. Los dos primeros actuando dentro de la formalidad, con concesiones, licencias, permisos, y autorizaciones regulares, que sufragan los impuestos que corresponden, así como las regalías y su personal empleado, cumpliendo con la normatividad legal laboral. Los pequeños o chicos productores auríferos son por lo general informales como también ilegales, existiendo, según información a la que hemos podido acceder, pocos formales.

Lamentablemente, la rigidez normativa para la formalización de la minería aurífera, como también el exceso de requisitos, hace que no sean muchos quienes se formalizan, con lo cual hay desorden en la actividad y ni el Estado ni las comunidades en cuyos territorios se extrae el mineral se benefician de tan lucrativa actividad.

Además, los extractores y procesadores del oro, que actúan tanto en la informalidad como en la ilegalidad, venden su producción a escondidas, siendo muchas veces estafados al igual que sometidos a la acción de delincuentes que se aprovechan de su situación e incluso llevan el oro al extranjero.

Algunos creen que la situación expuesta es irreversible, pero hay otros conocedores del tema que sostienen que además de hacer viable la formalización, se pueden tomar otras medidas que quiten los peligros que recaen sobre los productores mineros informales e ilegales, así como el aprovechamiento por quienes irregularmente se han convertido en acopiadores del oro.

Entre las medidas que aconsejan se encuentra la posibilidad de que el Estado adquiera de los informales su producción aurífera, bajo la condición de que inicien el proceso de formalización, con lo cual será un juego de gana-gana. En efecto ganarán los extractores y transformadores del oro, pues recibirán precios internacionales y dejarán de estar sujetos a presiones delincuenciales y de los acopiadores. El Estado también se beneficiará tributariamente por la formalización y las comunidades participarán en el empleo adecuado en sus territorios de parte de dicha tributación. Los trabajadores de los informales pasarán a ser trabajadores regulares con todos sus beneficios, e inclusive los compradores de oro que los utilizan para joyería, dejarán de recurrir al mercado negro.

Antiguamente, existió la empresa estatal Mimpeco, que se encargaba de la comercialización de los minerales del Estado y de los que le encomendaran los particulares. Con las reformas del Estado y la vigencia del principio de subsidiaridad, ya no hay tal empresa de comercialización minera, pero la tarea puede encomendarse al Banco de la Nación, haciendo las adecuaciones de la respectiva normatividad jurídica.

Como vemos, hay cosas que se pueden hacer. Probablemente, existan otras, pero hay que comenzar por algo y ya.